Por Gustavo Santín 

La radicalización del conflicto entre autoridades federales y la Cordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), derivado de la falta de acuerdo en las mesas de negociación arrastraría, si no media la cordura, a un desenlace mucho más funesto que minaría la de por sí deteriorada imagen del titular del ejecutivo federal y la de sus encargados de despacho Miguel Angel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer.

El anuncio disuasivo “se agotó el tiempo; en breve desbloqueo de vías”, mediante el que Osorio daría a las fuerzas de seguridad, la orden para abrir la carreteras cerradas en Oaxaca y Chiapas por “mandato” de la sociedad sin importar las consecuencias, reitera que los responsables de la gobernanza en el país se niegan a revisar una ley que violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos laborales/humanos de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Empero, parecería que en esta represión anunciada no están solos, las voces de sus aliados adquieren tonos virulentos. Muchos columnistas reproducen un boletín de prensa oficial ajustado a un formato en el que destacan “la defensa” de los derechos humanos de millones de oaxaqueños y chiapanecos así como como la obligación para que quien despacha en Bucarreli recurra al uso “legítimo” de la fuerza. En tanto que las movilizaciones populares se nutren cada día con la incorporación de quienes se sienten afectados por el autoritarismo gubernamental, el abandono de aquellos a quienes por medio de las urnas llevaron al poder o por cualesquiera de alguna de las 13 reformas estructurales que entregan la riqueza del país a empresarios transnacionales. En tanto, los  docentes se crecen al castigo, reiteran sus llamados a un “diálogo” que ponga sobre la mesa el tema que les interesa: la abrogación de la reforma educativa.

Sin embargo, el empecinamiento fundamentalista de la tríada gubernamental les conduce a un callejón sin salida; pues mientras amplios sectores del magisterio nacional y de la sociedad civil -nacional e internacional-, demandan un diálogo que responda positivamente a las demandas que maestras y maestros enarbolan para recuperar los derechos vulnerados, aquellos se montan en su macho y a diestra y siniestra repiten hasta el hartazgo que las reformas constitucionales no se transgreden, como si ellos mismos no hubiesen sido los artífices de los cambios sin realizar una previa consulta pública.

No obstante, las autoridades tendrían algunas alternativas que podrían adoptar para distender el conflicto entre ellas: la reanudación del diálogo que busque alternativas reales de solución al conflicto, más allá de la amenaza; la derogación de la reforma laboral incrustada en el artículo 3 de la constitución tal como lo solicitan miles de maestros y maestras en toda la república o, como lo vislumbra la Coordinadora, por lo menos la suspensión de las medidas punitivas como condición para reanudar las pláticas entre las partes en conflicto. Voces de expertos han señalado la pertinencia de instrumentarla de manera contextualizada tomando en consideración las diferencias y las inequidades con las que se prestra un servicio que excluye a los y las más pobres, a quienes no les permitirá continuar estudios en instancias superiores pues cuentan con dificultades surgidas de las condiciones adversas en las que se presta el servicio educativo.

¿Que la tríada no se puede brincar la ley? ¿Que su obligación constitucional es aplicar una reforma cochupeada, a instancias del titular del ejecutivo federal entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el de Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD)? ¿Qué no está en las facultades y atribuciones de Osorio reformar las normas injustas surguidas del pacto por México, si todos saben que los documentos y los borradores en los que se plasmaron las modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales, lo mismo que los que contenían las iniciativas de ley con las que se elaboró la Ley General del Servicio Profesional docente (Lgspd) salían de la oficina de Arturo Nuño Mayer, en ese momento jefe de la oficina de la presidencia de la república, con transito al despacho de Juan Carlos Romero Hiks, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores? ¿Habrá quien se trague el cuento de que vivimos en un régimen democrático, en el que se mantiene la división de poderes y se respeta la soberanía popular como establece la constitución y no en uno presidencial, autoritario, con tintes de facismo y en el que todo lo que pasa en el país tiene la venia del titular del ejecutivo federal y que sólo él y quienes trabajan para él pueden corregir los entuertos originados en los pinos y agudizados por la interpretación de un  personaje sin sensibilidad alguna?

Si acaso les importara una salida negociada que no dejara mal parado al gobierno de Peña Nieto y a su gabinete (más), optarían antes que reprimir, por adoptar iniciativas de reforma al artículo 3 constitucional y del la Lgspd, como la que lanzara el grupo Galileos del PRD, cuya propuesta estriba en mantener los textos aprobados, quitándole a Nuño Mayer el garrote de la “permanencia“, tanto en el artículo 3 como en las facultades que le otorga la ley reglamentaria. Posturas más radicales propuestas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), coincidente con las demandas de maestros y maestras, se inclinan por la abrogación de una ley creada para maleficio del personal docente, de las comunidades escolares, de las madres y padres de familia y de los niños y niñas que deben cursar la educación obligatoria prevista en el artículo 3 de la Constitución.

Sin duda, el deber de quienes se encuentran al mando de la administración pública estribaría en buscar las mejores soluciones para cualquier conflicto utilizando la negociación y la concertación. Comprometerse al uso legítimo de la fuerza resulta tan grave como el utilizarla y sólo alborata a una gallera que se encuentra al borde de la crispación. Basta ya de amagos pendencieros, voceros de la represión.

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