Por Alejandra Olivera

El Congreso local aprobó 36 cuentas públicas; y el inicio de cinco procedimientos de determinación de responsabilidades contra tres exdiles y extitular de sistema de agua de Chalchicomula, sin dar a conocer montos del posible desvió de recursos.

En entrevista, en el marco de la sesión ordinaria de este martes, la presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, evitó decir el monto de los posibles daños patrimoniales, al justificar que se tratan de procesos legales.

Asimismo, mencionó que algunos exediles no tienen desvió de recursos, pero si deficiencias administrativas que los llevan a enfrentar sanciones.

Cuestionada sobre la falta de información de las reuniones de dicha comisión, señalada por el priista, Rosalío Zanatta Vidaurrí, quien dijo no se informa sobre las reuniones de como se hacía anteriormente, contestó “ayer tuvimos comisión (…) no he tenido el mínimo incidente con ninguno de los integrantes de la comisión aunque no coincidamos en algunos puntos”.

Entre los inculpados se encuentran el exalcalde de Huehuetla, Jorge Luis Estrada Valeriano; de Hueytlalpan, Eutimio Gaona González, y de Libres, José Óscar Valerio Herrera, de Libres, los tres por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Así como contra Luis Carlos Aguilar, exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Chalchicomula de Sesma, quien enfrentará dos procedimientos por sus ejercicios fiscales de 2013 y 2014.

 

Aprueban cuenta pública de CDH

Por otra parte, entre el paquete de cuentas aprobadas por los diputados locales, destaca la de destacando la de Adolfo López Badillo, extitular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Además de los ejercicios fiscales de Miguel Hakim Simón, coordinador Estatal de Asuntos Internacionales de Apoyo a Migrantes Poblanos; y de Verónica María Sobrado Rodríguez, titular del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM).

También, el Legislativo admitió cuatro recursos de revocación que promovieron: Raymundo Torres Águila, exedil de Acatzingo de 2002-2005; Camilo Lorenzo Vera Juárez, exalcalde de Felipe Ángeles de 2008 a 2011; Leandro Barreales Meza, exedil de Huehuetlán de 2005 a 2008; y Concepción Muñiz Escalona, de Tecomatlán cuya administración fue de 2008 a 2011 en contra de Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) para dejar sin efecto los procesos que enfrentan por no comprobar el uso de recursos públicos.

 

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