Por Gustavo Santín
No son pocos quienes en medios de comunicación exigen que Aurelio Nuño Mayer, encargado del despacho educativo, radicalice su postura frente a la persistencia del movimiento en contra de la reforma educativa encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Envalentonados por el tono del discurso adoptado tanto por el encargado del despacho educativo de la administración del gobierno de que encabeza Enrique Peña Nieto, como por la negativa a abrir canales de negociación en la secretaría de Gobernación, las voces magisfóbicas van más allá.
Como respuesta, Ñuño Mayer establece que no platicará con quienes disienten de su postura política si no es, únicamente, para platicar sobre la implementación de la reforma. La cosa pública, no empero, ha cambiado y la ciudadanía, harta por la política adoptada a raíz de la “implementación” de las reformas estructurales, cobra la factura y echa de varias administraciones locales al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, y como algunos analistas ya lo habían previsto, el gobierno federal, herido tras un proceso electoral que le fue adverso, sigue la voz de quienes quieren de una vez y por todas, acabar mediante el uso de la fuerza con un conflicto que se agudiza. Reprime, por sólo citar alguno de los eventos, una marcha integrada por maestras, maestros, padres y madres de familia, niñas y niños que se realizaba el 10 de junio, aniversario 45 del fatídico Jueves de Corpus.
“En la carretera federal Villahermosa- Ciudad del Carmen” (Centla, Tabasco), desaloja un planton instalado por miembros de la CNTE frente a la oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca (Ieepo), previamente el seis de junio, cuando ya se conocian los triunfos de Acción Nacional (PAN) en 7 entidades y el crecimiento electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), “policias federales desalojaron a maestros de las secciones 7 y 40″ (http://goo.gl/vr6k3X), que intrentaban protestar en las inmediaciones de la “Pochota” en Tuxtla gutierrez, Chiapas, utilizando “tecnicas de represión sofisticadas”.
Pretendiendo acabar por la vía rapida con la CNTE y con el movimiento de protesta en contra de la reforma laboral que afecta a los trabajadores de la educación al servicio del Estado, detienen y encarcelan a Francisco Villalobos Ricardez y a Rubén Núñez Ginez, secretarios de organización y general de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lo mismo que, señalan medios de comunicación nacional, “a otros líderes sindicales por los delitos de robo agravado contra el consumo en la riqueza nacional” (http://goo.gl/OPl3g5), acusándoles por delitos graves, derivados de las protestas que iniciaran el 15 de mayo.
Pareciera de primera mano que los últimos acontecimientos significasen un triunfo rotundo de Aurelio Nuño Mayer y Enrique Peña Nieto sobre quienes tienen la osadía de disentir de cuestiones legisladas. Entre ellas, las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la creación de una ley que regula el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio docente, mediante el uso faccioso del poder, arropado formalmente por un supuesto pacto firmado por la reacción de izquierda y derecha.
No obstante, la creciente incorporación de grupos y de movimientos sociales que apoyan el disenso magisterial continúa en ascenso y las protestas de maestras y maestros en otras entidades aparecen mostrando el descontento de un magisterio que no está conforme con perder derechos laborales adquiridos, muestra que la reforma educativa de Peña Nieto nació muerta y que la próxima administración federal, encabécela quien la encabece, incluido Andrés Manuel López Obrador o cualquier panista lo mismo que un priista, tendría que revisar lo hecho por las políticas públicas en el sector educativo.
A tan sólo dos años y medio de que concluya una funesta administración que solo ha incrementado la devaluación del peso, la pauperización de la clase media, la pobreza y la inseguridad pública y a poco más de dos meses para que inicie el ciclo escolar 2017-2018, las cuestiones fundamentales de la reforma educativa sólo han quedado en enunciados. Tal como sucede con el programa escuelas al centro, la presentación del nuevo modelo educativo y el rediseño de planes y programas de estudio de educación básica, normal y media superior.
La reforma a las escuelas normales ha quedado para después y podría no realizarse por no considerarse ya necesaria, dado que por disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente se incorporaría al servicio magisterial, a partir del próximo ciclo escolar, a desempleados universitarios, personas que estudiaron para ejercer una profesión en la que fracasaron, por cuestiones sistémicas o personales.
La pretendida inversión multimillonaria en infraestructura educativa, de realizarse, independientemente de que hipoteca las aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por un monto del 25 por ciento de los recursos durante los próximos 20 años (sin autorización legislativa), se verá disminuida en la misma proporción en la que disminuya el valor del peso y a precios constantes, alcanzaría sólo para las dos terceras partes de la renovación, mejora y construcción de los planteles considerados originalmente, muchos de los cuales, al tercer año del programa, estarán en las mismas condiciones que tuvieron al inicio por tratarse de una propuesta trienal, con visos electoreros, no regularizable en el presupuesto de egresos de la federación y que sólo “beneficiaría” a uno de cada tres planteles.
Señalar que cualquier reforma educativa que se pretendiera en México, tendría que partir de un consenso ciudadano, incluido el personal docente, que lograra un acuerdo en torno a un proyecto de nación, que uniera más allá de las diferencias e intereses de sector, grupo o clase social, dejando de lado intereses imperiales, y que a partir de él se elaborase una propuesta educativa que permitiera alcanzar lo planteado, basado en un diagnóstico integral, sustento para la generación de planes y programas adecuados, contextualizados y regionalizados, que considerasen la identidad de los pueblos originarios, las comunidades rurales, las semiurbanas y las citadinas, sería con este gobierno un sueño guajiro.
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