Por Juan Carlos Lastiri
Garantizar el derecho a la justicia es un deber de todos los estados ya que el principio básico para el desarrollo social es la certidumbre que tienen las personas sobre sus derechos esenciales y sobre la posesión de sus bienes.
Nuestro país ha tenido avances en muchas áreas a través de las grandes reformas del Estado y esta realidad debe ser acompañada de un sistema de justicia que de la certeza necesaria para acompañar a estas reformas. Importante entonces mencionar que estamos a unos días de que todo nuestro país cuente con lo que se llama un nuevo Sistema de Justicia Penal. En 2008 nuestro país empezó una etapa de consolidación de su sistema de justicia ya que en ese año el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Penal, cambiando a un sistema de justicia penal adversarial y acusatorio.
Esta transformación se realiza para garantizar los derechos de las víctimas y los imputados, la conclusión más rápida de los juicios y que la víctima pueda, en la medida de las posibilidades, obtener la reparación del daño que sufrió, además de que se logra una mayor transparencia en la acción de las autoridades al tener que realizar el juicio de manera oral y pública.
Para lograr esta reforma, las instituciones gubernamentales involucradas en la administración y procuración de justicia iniciaron un proceso de modernización y mejora. Todas a partir del 2008, y durante ocho años, han estado adecuando sus inmuebles, capacitando a su personal y adquiriendo tecnologías avanzadas para lograr la implementación y que los procesos sean de calidad. Los dos cambios más importantes al sistema de justicia son: uno, todas las audiencias y el propio juicio serán orales y a la vista de todos, es decir públicos y; dos, la posibilidad que en los casos de delitos menores donde el daño es reparable, la víctima y el imputado puedan encontrar opciones para lograr una salida justa a su problema a través de lo que se conoce como justicia alternativa.
El Gobierno de la República está pendiente de este proceso y lo ha apoyado; como muestra, en 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, producto de un esfuerzo entre la sociedad civil y las instituciones, y en particular del H. Congreso de la Unión. El nuevo código genera beneficios al homologar 32 legislaciones procesales y unifica en una sola ley un proceso único que pueda aplicarse en todo el país, con ello el proceso penal y los derechos de las personas son los mismos sin importar la entidad federativa.
El nuevo sistema se distingue del tradicional porque genera una justicia con rostro humano y así fortalece el estado de derecho; es garante de los derechos esenciales de los seres humanos y por tanto asegura un trato digno y rápido en la impartición de justicia para las victimas sin olvidarse, de dar un juicio justo a los inculpados bajo el principio de presunción de inocencia.
Importante mencionar que tener un Estado de Derecho sólido ayuda en mucho no sólo en la mejora de los procesos de justicia sino que da confianza a los empresarios a la hora de generar negocios y además, asegura a cualquier negocio y empresa que podrán recuperar las pérdidas ocasionadas por un delito y garantizar que el delito no quede impune, lo que sin duda estimulará el desempeño económico de nuestro país.
Hoy tendremos un nuevo episodio democrático con las elecciones que se llevarán a cabo, este nuevo sistema será sin duda un factor para fortalecer estos procesos en lo sucesivo ya que fortalecerán el voto libre y sin presión de ningún tipo. En menos de un mes nuestro país entrará a una nueva etapa en la impartición de justicia que beneficiará a la sociedad en su conjunto y hará que todos los mexicanos tengamos igualdad de derechos al hacer públicos los juicios. Tal como lo ha mencionado la coordinación para la implementación de este sistema, con este cambio se aporta una justicia a la vista de todos, que busca que la sociedad comprenda y conozca sus derechos para exigirlos por el bien de un México justo, un México en Paz.
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