Por Víctor Flores @literatotanatol
La política del gobernador Rafael Moreno Valle, es desactivar a las organizaciones opositoras a sus proyectos y se cierra al diálogo, acusó Roxana Luna Porquillo, candidata del PRD, quien busca dar libertad a 241 activistas presos.
Así lo aseguró tras presentar en el Congreso de Puebla una iniciativa de ley de amnistía para el estado, con el fin –reiteró—de liberar a los “presos políticos” en los 5 años que van de la administración de Moreno Valle.
En una rueda de prensa frente a las instalaciones del recinto legislativo, acusó que el gobierno actual se cerró al dialogo con los activistas, lo cual ocasiona que haya manifestaciones.
“La represión social y la persecución a sus opositores son su deporte favorito, ha respondido a las manifestaciones con la ley bala y negó sus atrocidades aun cuando fueron documentadas por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, sostuvo.
Buscará indemnizar a las familias
La abandera del sol azteca explicó que con dicha amnistía pretende “pedir” disculpas a las víctimas del morenovallismo por los agravios recibidos, dado que es una responsabilidad del Estado.
Mencionó que, aunque no sea favorecida por el voto popular, ésta y todas sus iniciativas se les dará el seguimiento tanto por ella como por la líder estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, quien también es diputada local.
La aspirante a Casa Puebla indicó que entre los agraviados se encuentran el líder de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, y su hijo, Alt Rubén Sarabia Reyna, detenidos el 19 y 22 de diciembre del 2014, respectivamente; así como los dueños de las concesiones de la 11 sur y opositores a la línea 2 del metrobús: Ángel de la Sierra Rosa, José Alfredo Roberto Sierra y Roselina Carpinteyro Calderón, detenidos en marzo de 2014.
Además de los exediles Jairo Javier Montes Bautista, Raúl Pérez Velázquez, Manuel Morales Guillermo, Casilda Dávalos Pajarito, de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihupan, Canoa, Magdalena Cuyoacatepec, San Martín Zoquiacan, respectivamente.
También se incluyen de los 26 presos de Francisco Z. Mena por “presionar” a Petróleos Mexicanos (Pemex) el inicio de obras de reparación de carreteras que fueron afectadas por el paso de su maquinaria pesada para la explotación de los pozos del proyecto Paleocanal Chicontepec.
Así como los 30 presos de Chignaguapan que reclamaban la propiedad de un predio de 400 hectáreas de la exhacienda Atlamajac; los 17 de la población de Atzizihucan por oponerse al gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos.
Asimismo, los cuatro en Ajalpan, por exigir el cumplimiento de los servicios públicos al ayuntamiento, donde por primera vez se usaron balas de goma; así como los del arco poniente, los mototaxistas, entre otros.
Foto: EsImagen