Por Alejandra Olivera

En el Congreso local, el PRI pidió revocar la concesión del agua y, que comunas establezcan tarifas; en tanto, el PAN solicitó investigar supuestos daños patrimoniales al servicio del vital líquido desde 2005, cuando estaba a cargo del Soapap.

Durante la sesión permanente del Congreso de Puebla, el diputado del PRI, Pablo Fernández del Campo, a nombre de su grupo parlamentario, presentó un punto de acuerdo para requerir al gobernador Rafael Moreno Valle que instruya el proceso de recisión administrativa del título de concesión para el potable, drenaje, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla y en las circunscripciones territoriales de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, así como Amozoc.

Además, exigió que mandate a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que fiscalice el proceso de adjudicación, contratación y modificaciones a título de concesión para la prestación del servicio de agua potable.

Al pasar al estrado, acusó que la concesión a la empresa estuvo “plagada” de irregularidades jurídicas como la emisión de anexo suscrito por el director general del Soapap, Manuel Urquiza Estrada, en los que “modifican y otorgan beneficios adicionales” a la empresa en la forma de cobro actualización y ajustes a la tarifa de los usuarios.

El legislador también resaltó que en las páginas de transparencia del gobierno estatal y municipal de Puebla no se observa el destino de los mil 723 millones de pesos que debieron ser entregados como aportación inicial por parte de la concesionaria.

En un segundo oficio, el priista presentó una iniciativa de reforma al artículo 104 Constitucional para que sean los cabildos los que determinen y aprueben las tarifas de cobro por el servicio público.

Ambas mociones fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se prevé que no avancen. 

 

PAN acusa daños patrimoniales a Soapap 

En respuesta, el grupo panista, representado por la diputada Patricia Leal Islas, demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se averigüen, se deslinden responsabilidades y en su caso se ejerza acción penal por presuntos daños patrimoniales, desde el año 2005 hasta la fecha, en perjuicio del servicio de agua potable, pues acusó la supuesta venta fraudulenta al Soapap de un predio con un costo 10 veces más caro a su valor inicial, hace 6 años.

En tribuna, señaló que el problema del agua en Puebla “no es nuevo, se agudizó a partir de 2005, siendo gobernador Mario Marín Torres y la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, quienes formaban parte del consejo del Soapap”.

Acusó que por ello se acumuló una deuda por más de 3 mil 500 millones de pesos, además de que señaló que, desde su creación en 1984, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) sirvió como la “caja chica de los gobiernos en turno.

Aseveró que Alcalá Ruiz adquirió un terreno en 850 mil pesos y luego lo vendió al Soapap en 11.8 millones de pesos, autorizado por el consejo del organismo. 

En entrevista, al preguntarle por qué acusa a Alcalá Ruiz de irregularidades desde 2005 si su periodo como alcaldesa fue de 2008 a 2011, Leal Islas rechazó haberse equivocado y negó que se utilizó el recinto legislativo para fines electorales, ya que Alcalá Ruiz es candidata del PRI para buscar la minigubernatura.

Al cuestionarle si también se tendría que investigar la concesión aprobada en 2013 –en el gobierno de Moreno Valle– se dijo respetuosa de la ley y, visiblemente molesta, recalcó que su exhorto “es que se investigue y deslinden responsabilidades“.

Respecto a si en dicha investigación se incluiría el gobierno de Rafael Moreno Valle, respondió que “él tomó una decisión dolorosa y hace lo que tiene que hacer, si nosotros seguíamos por ese camino iba a llegar un momento en que no íbamos a tener agua”. 

Finalmente, a la instancia del Partido Acción Nacional (PAN) se le dio celeridad.

 

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