Por Gustavo Santín
La violencia institucional desplegada en contra de maestros y maestras que disienten de la reforma educativa institucional se ha recrudecido en los últimos días. Ceses fast track, desalojos, intimidaciones, agresiones, traslados ¿voluntarios? a sus lugares de origen, parecieran ser el común denominador que permea entre quienes toman decisiones y las ejecutan y representantes de partidos políticos en el Congreso de la Unión, que cual patrones, exigen que se aplique la ley y echen al personal docente que por protestar o manifestarse en las plazas públicas, acumule 4 faltas consecutivas o discontinuas en un mes.
Nadie podría extrañarse por que Aurelio Nuño Mayer, encargado del despacho educativo de la actual administración federal, actúe conforme a la conducta que le caracteriza, pero si, aún causa azoro, que otrora luchadores sociales, diputados y o senadores inmersos en el statu quo, miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados o Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, emplacen a “que se aplique la ley, … ¡Que se atengan a las consecuencias, si quieren cometer actos ilegales, que se atengan a las consecuencias!, (José de Jesús, http://goo.gl/mXsBBv), y demanden “a los gobiernos federal y local aplicar la ley para evitar que las protestas magisteriales tomen como rehén a la Ciudad de México.” (Luis Miguel Gerónimo http://goo.gl/j1gztZ).
Pero y a pesar de que los deseos de quienes, representantes del pueblo (Zambrano y Barbosa entre otros legisladores), demandaran mano dura en contra del personal docente que se manifestara en la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Michoacán, aparentemente se cumplieran, la situación no esta resuelta como quisiera Nuño Mayer y el conflicto, en el que se encuentra entrampado con quienes rechazan una reforma educativa impuesta “desde arriba”, sólo se agravará si no se le busca una salida negociada, mediante el diálogo, que ponga en la mesa temas tan trascendentes, como los que afectan a quienes serían las y los responsables de operar en las escuelas, las “presuntas” y largamente anunciadas modificaciones, pretendidas por la actual administración, anunciadas como los nuevos planes y programas de educación básica y normal, pero aún ausentes.
Sin embargo, en el mismo PRD les corrigen y enmiendan la plana, Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados solicita mesura, pero, y a pesar de aceptar el despido del personal docente anunciado por Nuño, se pronuncia por que se establezca “la interlocución entre la SEP y los maestros de la CNTE, por muy opuestas que sean sus posiciones.” (http://goo.gl/QU5maZ).
En este contexto diputados federales del PRD, miembros de la “no corriente” Galileos, presentaron casi al finalizar el segundo periodo de sesiones de la actual legislatura, una “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, que pretende abrogar la palabra “permanencia” establecida en la sexta línea, del segundo parágrafo de la fracción aludida, cuyo redacción, quedaría en el siguiente tenor: “…..La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. …..”.
Al quitar la palabra “permanencia” del texto del artículo 3 Constitucional, plantea Miguel Alonso Raya, ex diputado federal y ex presidente de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, mediante mensaje denominado Evaluación Educativa que se transmite por redes sociales (https://www.facebook.com/aalonsoraya?fref=ts,) explica que la iniciativa con proyecto de decreto presentada por los diputados federales miembros de la “No corriente Galileos” pretenden eliminar el carácter punitivo que actualmente tiene la evaluación de permanencia aplicada al personal docente, que “da margen para que los secretarios de educación plateen el despido de los trabajadores de la educación”.
Enfático señala que “La autoridad ha utilizado la reforma no para elevar la calidad de la educación y para poder privilegiar el interés superior de las niñas y los niños, sino para tener el control del magisterio”. Señala que la iniciativa de los Galileos no está en contra de se “haga evaluación”, y que producto derivado de ella, se localicen las debilidades que puedan tener los docentes y sistema educativo en general para corregirlos, pero si están en contra de que “se use la evaluación como un fin en si mismo”.
No objetan a la evaluación en su conjunto, señala, sino el examen que utilizado como un fin en si mismo, permite actualmente que de acuerdo a los resultados, de a como “salgan” los docentes en una prueba estandarizada, puedan ser despedidos. Acota Miguel Alonso que el examen es solo una “parte de un proceso de evaluación que se complementa con las condiciones de infraestructura, de equipamiento”, las condiciones del entorno, en que situación asisten los alumnos a la escuela -incluida la alimentación-, condiciones que obstaculizan el buen desempeño de los y las docentes en la escuela.
Acabar con una reforma que genera incertidumbre, señala Raya, que se convierte en acciones punitivas en contra de la buena voluntad y la disposición del magisterio. Concluye que la reforma educativa se tiene que arreglar dialogando, acordando y no amenazando y pretendiendo correr a los trabajadores de la educación. En suma, se pronuncian el y su no corriente, en contra de la violencia innecesaria utilizada por autoridades contra el magisterio nacional, pedida y solapada lo mismo que por personeros de “izquierda” y derecha, que por corifeos de todo corte y naturaleza y de paso “pintan su raya” y se alejan de los chuchos y sus aliados.
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