Por Gabriela Xelano y Tania Damián

Durante un mitin en SFA, la candidata del PRI-PVEM-PES, Blanca Alcalá Ruiz, se comprometió a revisar los expedientes de los burócratas despedidos, como una forma de resarcir el “saldo negativo” que deja Rafael Moreno Valle.

“Revisión puntual, dato por dato, nada que esté por fuera de la ley, con claridad, que se respete la ley, se les indemnice o reinstale en sus puestos (…) hace cinco años Moreno Valle les mintió, el saldo fue negativo para la clase trabajadora y para los servidores públicos que entregaron su vida a servir al gobierno del estado, son 14 mil casos los que afectan a las familias“, precisó.

Lo anterior durante la clausura simbólica de las instalaciones de Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), donde acompañada por los despedidos, aseguró que en su gobierno no habrá “más persecución, en ninguna área, ni maestros, ni municipios, ni en los trabajadores estatales”.

La expresidenta municipal criticó que –aunque– los 14 mil despedidos trataron de justificarse como recorte presupuestal, la administración estatal “gasta más en nómina de lo que se gastaba antes”, por lo que insistió en la revisión para que “nunca más se repitan casos de amenazas, detención (…) la constante es la misma no se tocaron el corazón, ni cuidaron los derechos”.

La candidata dijo que instalará tres mesas de diálogo para revisar los expedientes, ya que algunos casos eran trabajadores a punto de jubilarse, otros trabajadores en activo, así como quienes estaban a punto de obtener una definitividad.

 

Envían a trabajadores a volantear a favor de Gali, acusan

En tanto, el representante de los despedidos, Marco Antonio Manzano Ramírez, lamentó que la actual administración obligue a los trabajadores a hacer volanteo en los semáforos y asistir a mítines del candidato, Antonio Gali Fayad, y de negarse son amenazados con despedirlos.

“Es una medida autoritaria de represión, los ocupan como payasitos de circo… si no asisten toman nota”, precisó.

Manzano Ramírez recordó que la junta de conciliación y arbitraje no busca impartir justicia sino solo “trabaja con artimañas para dilatar las resoluciones”.

Además acusó al secretario y subsecretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano y Arturo Cornejo Alatorre, de mentir, ya que ambos personajes prometieron resolver la situación de los despedidos, por lo que anunció la clausura simbólica de Casa Aguayo.

Finalmente, aseveró que la actitud de autoritarismo y soberbia mostrada por el gobierno del estado, violenta no solo la Constitución sino también los derechos que como trabajadores de más de 30 años adquirieron.

Cabe destacar que a la SFA, hace cinco años, el entonces candidato Moreno Valle acudió con los trabajadores a prometerles que si votaban por él no habría despidos.

 

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