Por Juan Carlos Lastrini
A lo largo de nuestra existencia la humanidad ha vivido historias de odio y violencia contra la misma especie humana por condiciones de género, raza, religión, preferencias sexuales, etc., lo que hoy llamamos discriminación y que es un flagelo que daña a cualquier sociedad.
Todos tenemos en mente alguna historia de horror vivida en la Segunda Guerra Mundial con el exterminio Nazi hacia los judíos; también sabemos de las cruentas peleas entre razas en algunas naciones africanas; y en nuestro ámbito local, por mencionar, todos sabemos que históricamente siempre se ha visto con inferioridad a los pueblos indígenas, que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y que, recientemente se lucha contra la homofobia.
Vivimos en pleno siglo XXI y aún no nos concebimos todos como humanos por lo que, es necesario que los gobiernos actúen para evitar estas prácticas que ya deberían ser algo más que historia.
Nuestro país hasta hace pocos años no reconocía oficialmente la discriminación, sin embargo, con el inicio del nuevo siglo se reconoce está plenamente en la constitución y hoy se entiende que eliminarla es trabajo de todos.
La reforma de 2001 a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de nuestra Constitución, en el marco de los debates de la llamada Ley Indígena, anexa un tercer párrafo al artículo primero donde se expresa, la prohibición de cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y que pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Esto aseguró que el Estado se viera como el responsable de vigilar que las condiciones para la igualdad y los derechos de las personas fueran efectivas con lo que, en 2003 se aprueba la Ley Federal para Prevenir y Evitar la Discriminación (LFPED) y en 2004 empieza a operar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Rápidos avances estos para una nación comprometida con acabar la discriminación en su sociedad, sin embargo, hoy se sabe que tenemos aún mucho por hacer. Por ejemplo, en el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia, el Presidente Peña reconoce que aún falta un compromiso en las entidades para luchar contra la discriminación y la homofobia ya que, al parecer hay una patología en los estados al no querer hacer frente, al no entender la realidad que hoy vivimos, en no asumir un compromiso profundo y serio para combatir la discriminación por distintas razones.
Por esto, el Gobierno de la República busca consolidar el camino para evitar estas prácticas y en un primer paquete de reformas enviadas al Congreso, derivadas de las recomendaciones de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, se sugiere identificar y reformar, las normas del orden jurídico mexicano, que incluyan contenidos discriminatorios.
Y quizá poco se ha abordado el tema ante la necesidad de reformas jurídicas primordiales, pero, sería necesario pensar en que el lenguaje puede ser el medio que en la sociedad unifique criterios para una comunicación efectiva y sin discriminación.
Tenemos la necesidad de usar un lenguaje incluyente y moderno con perspectiva de género, que posicione el papel actual de la mujer y los diferentes grupos sociales evitando la exclusión y la discriminación que se ha sufrido; esto en el sentido de que sin contraponerse con la gramática aceptada permita su visualización en la vida pública y política como lo establecen los manuales guía del Gobierno Federal para el uso de un lenguaje no sexista.
Todos estamos conscientes del papel que juega el lenguaje como instrumento socializador en la familia, la escuela, lo público, etc. Y si el lenguaje es un medio para evitar la discriminación en cualquier forma, estamos de acuerdo con las palabras del Secretario Osorio Chong que dice que, para lograr un México de mayor inclusión, respeto y no discriminación se requiere de todas y de todos, trabajando para tener un México incluyente.
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