Ernesto Aroche /La Jornada de Oriente
En los 10 años que lleva vigente la ley de transparencia en el estado –aunque se aprobó en 2004 fue hasta febrero de 2006 que comenzó a aplicarse–, solo dos funcionarios estatales obtuvieron sanciones menores por violar la normativa al negarse a entregar información: Gerardo Pérez Salazar, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), y María Eugenia Gómez Campillo, ex titular de la Unidad de Transparencia de la SFA.
En ambos casos las sanciones menores fueron de inhabilitación, por un año y tres meses, respectivamente y se aplicaron por parte de la Contraloría del estado (solicitud folio 82916) una vez que terminó el sexenio en el que ambas personas ocuparon puestos en la administración estatal.
Solo sanciones menores
En ese lapso la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ha presentando 23 denuncias ante la Contraloría estatal por violaciones a la ley, según reconoció el organismo (solicitud folio 154416). Aunque la CAIP solo da vista al órgano de control y no define quién o quiénes pueden ser los responsables, eso queda en manos de la dependencia.
Por lo demás, y a pesar de los constantes señalamientos periodísticos y de organizaciones de la sociedad civil sobre la opacidad de los gobiernos del priista Mario Marín y del panista Rafael Moreno Valle, ningún otro funcionario estatal ha recibido castigo alguno por no entregar información pública a los ciudadanos y sólo se han aplicado sanciones menores.
Coofia, el tropiezo
Para ocultar la relación comercial entre la administración marinista y la empresa financiera Coofia, empresa que defraudó a más de 2 mil 300 familias, según publicó en enero de 2011 este diario, la dependencia encabezada por Pérez Salazar hizo oídos sordos a las solicitudes de ciudadanos y a las resoluciones de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
El organismo, encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ordenó en tres ocasiones se hiciera pública la copia del convenio firmado por la dependencia y la empresa financiera, y en las tres ocasiones fue ignorado.
El caso llegó entonces a la Contraloría del estado, para ese momento ya encabezada por Patricia Leal Islas, personaje del grupo cercano al panista Rafael Moreno Valle, lo que permitió que se dictaran sanciones para poder inhabilitar a Pérez Salazar y Gómez Campillo.
La resolución fue tomada a principios de 2011, el único momento en el que ese organismo ha tenido a dos integrantes caracterizadas por su interés en la apertura de la información, y no en la protección de los funcionarios estatales Blanca Lilia Ibarra Cadena y Lilia Vélez Iglesias.
2011 y 2016 cascada de denuncias
En ese mismo año la CAIP promovió 10 denuncias contra funcionarios estatales por la violación al derecho de acceso a la información, cinco de esas denuncias fueron contra la Oficina de la Gubernatura, dos contra la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y una contra la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Poblano contra la Vivienda. Pero, como ya se dijo, la Contraloría solo sancionó a funcionarios de la SFA.
En este sexenio las denuncias contra funcionarios estatales por la violación al derecho a la información se concentra en 2016, aunque se trata de solicitudes que se generaron en 2014 y 2015.
Es un expediente relacionado con los contratos con la empresa Creatividad y Espectáculos SA de CV (CREA) y que involucra a más de 20 solicitudes y 11 dependencias de gobierno morenovallista.
El caso, que ha seguido puntualmente esta casa editorial, se inició a principios de 2014, cuando se buscó documentar la relación comercial entre CREA, empresa que forma parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) que a su vez tiene entre sus accionistas a la empresa Televisa, y la administración panista, pues esa compañía se ha dedicado a organizar muchos de los grandes actos de este sexenio.
La respuesta en todos las peticiones que han presentado la reportera Shanik David y este reportero, la respuesta reiterada ha sido el silencio y la opacidad.
Tepeaca, el gran sancionado
A nivel municipio la CAIP ha promovido 18 quejas desde el año 2012 a la fecha, pues fue hasta finales de 2011 cuando se le otorgó la facultad legal de revisar las respuestas a las solicitudes planteadas a los ayuntamientos.
De esas 18 quejas, en siete casos el señalado es la Comuna de Tepeaca, en otros dos casos se señala al ayuntamiento de Acatzingo, el resto se lo reparten Coronango, Cuatlancingo, Amozoc, Tecali, Juan C. Bonilla, Chietla, Cuayuca, Acateno y el DIF municipal de la capital poblana con una denuncia, respectivamente.
Ahora sancionará el órgano garante
Uno de los grandes cambios que trae consigo la nueva Ley de Transparencia que fue aprobada el pasado 4 de mayo, es que ahora será el Órgano Garante –que se transformó de Comisión a Instituto– el responsable de sancionar cuando se registren violaciones al derecho de acceso a la información.
Aunque hasta el momento el órgano garante aún no ha asumido las nuevas facultades que le otorga la ley, incluso en el sitio web del organismo aún se asume como Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, cuando por ley cambió de denominación para transformarse en Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla”, desde el pasado 5 de mayo.
Incluso la ley que aprobaron el pasado 4 de mayo los diputados aún no puede consultarse en el sitio electrónico del organismo, lo único que se tiene es la ley que se aprobó en 2011.
Es así que a una década, sólo se han aplicado sanciones menores a funcionarios que practican la opacidad.
Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/05/17/sanciones-menores-por-violar-ley-transparencia/
