Por Gabriela Xelano y Tania Damián

Exburócratas estatales denunciaron que a raíz de los despidos murieron entre tres y cinco trabajadores, así cómo reiteraron que los juicios laborales que interpusieron –que sumarian 3 mil—son entorpecidos por el Tribunal de Arbitraje.

Precisaron que fueron 13 mil 380 trabajadores del estado despedidos, de quienes del 70 al 75 por ciento eran mujeres, lo cual calificaron como “misógino”.

Las principales dependencias afectadas –indicaron– fueron la SSP con mil 730,  la SFA con mil 314, la SGG con 893, Sedeso con 692, la Sdrsot con 306 e Infraestructura con 258. En tanto, 3 mil 439 pertenecían a organismos descentralizados y mil 500 eran sindicalizados de diferentes secretarias.

En rueda de prensa, aseguraron que la única candidata que se ha comprometido a revisar los expedientes fue la priista Blanca Alcalá Ruiz, aunque también han hablado con los equipos de los aspirantes Roxana Luna Porquillo, Abraham Quiroz Palacios y Ana Teresa Aranda Orozco, quienes los escucharon y quedaron de darles una respuesta.

Blanca Alcalá ha sido la única que se pronunció, en un acto masivo a revisar los expedientes de los trabajadores despedidos, por lo que tenemos confianza de que hará justicia en sus juicios laborales“.

 

Se logra reinstalación de 5 trabajadores

Lo anterior, lo señalaron los representantes del movimiento de despedidos del gobierno de Puebla, quienes acusaron que, a pesar de que ya se ha logrado la reinstalación de los primeros cinco de los 25 juicios que han ganado después de 3 años de luchas legales, las reincorporaciones son “a medias”, pues a los burócratas se les condiciona la reinstalación y no se les paga todas las prestaciones por lo que se obligan a interponer otro juicio para recuperar sus derechos.

Acusaron que desde el inicio el tribunal del trabajo ha incurrido “con argucias legales”, ya que tras acordar la admisión de las demandas, obliga al trabajador a irse a juicios de amparo, y lo que debería de resolverse en menos 3 meses,  lo dilatan de tres a cinco años.

Precisaron que en el caso de los exburócratas muertos, han sido por enfermedades degenerativas y respiratorias que se agravaron cuando fueron despedidos.

“Hay compañeros que no salen de sus casas están deprimidos y se han incrementado sus problemas familiares y económicos”.

 

Gobierno sin argumento para despidos

Uno de los afectados, Juan Carlos Ruiz Rodríguez,  señaló que a la fecha, su empleador –el gobierno del estado—“no tiene pruebas que aportar. A la fecha solo argumentos son irrisorios, pues no ha podido justificar la supuesta falta de presupuesto, ni argumentar por qué la disminución del precio del barril del petróleo les afectó, ya que se trata de un presupuesto federal que no contempla el pago o recursos de los trabajadores”.

Ruiz Rodríguez acusó que “es un recurso estatal el que se contempla para este rubro (…) de alguna forma como depende del gobierno del estado, el tribunal está implementando argucias para retardar los juicios laborales,  pues en la actualidad en el tribunal labora más personal que en otros años”.

Además, exhortó a la Secretaría General de gobierno (SGG) y al subsecretario, Arturo Cornejo a que resuelvan lo que ellos causaron, pues “resulta cómodo salir y dejar el paquete a quien llegue”.

 

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