Por Marco Antonio Rovira
La semana pasada miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentaron su informe final sobre el caso Ayotzinapa. Dicho informe terminó por pulverizar la de por sí resquebrajada “verdad histórica” de la PGR respecto a este caso.
La respuesta del gobierno federal fue más bien seca; se dijo que se iban a tener en consideración las aportaciones del GIEI, sin llegar a tomarlas en cuenta como parte formal del proceso de investigación, y el presidente Peña Nieto despidió al grupo desde su cuenta de Twitter, ausentándose del evento donde se rindió cuenta de los últimos hallazgos de estos investigadores, mismos que vinieron al país invitados por el propio gobierno.
Tanto los investigadores del GIEI, como muchos otros actores internacionales, han coincidido en que la situación que perciben en México respecto a Derechos Humanos y la impartición de justicia a víctimas es de lo peor que han conocido. El GIEI y los forenses argentinos que trabajaron de forma independiente en el caso Ayotzinapa, han denunciado abiertamente que el gobierno federal se encargó de poner obstáculos a su labor, así como una falta de cooperación constante por parte de las instituciones mexicanas. Declaraciones de este tipo hubieran sido impensables hasta hace poco.
En la época en que se discutía el Tratado de Libre Ccomercio de América del Norte (Tlcan), cuando Carlos Salinas era presidente, se especuló mucho sobre las posibles implicaciones que podría tener entrar al juego de la globalización y el “libre” mercado. Más allá de los efectos económicos, sociales, culturales y ecológicos que eso suponía, también se hablaba de los efectos políticos.
Varios académicos e intelectuales aseguraban que una mayor integración con Estados Unidos implicaría tener que cambiar muchos de los vicios tradicionales de la política mexicana, o de lo contrario nuestro vecino del norte se molestaría y eso pondría en riesgo el tratado y la relación bilateral.
Hoy sabemos que esa profecía resultó una verdad a medias. Si bien ha existido desde entonces un mayor intercambio económico, así como menos restricciones para la circulación de algunas mercancías o recursos, lo que toca al comportamiento del Estado no ha cambiado radicalmente; corrupción e impunidad siguen siendo el pan nuestro de cada día, y las violaciones a Derechos Humanos son bastante comunes por lo que se sabe.
A pesar de lo anterior, un aspecto que sí ha cambiado gracias a la globalización es el acceso a la información, así como la presión que medios internacionales, organismos, y gobiernos extranjeros, pueden ejercer sobre las políticas del Estado mexicano.
El hecho de que el GIEI haya estado en nuestro país investigando un asunto tan polémico como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, hubiera sido inconcebible hace veinte o más años. La prensa internacional, sobre todo a partir de las revelaciones de Carmen Aristegui respecto a la llamada “casa blanca” de la esposa del presidente, no ha dejado de hacer ruido sobre los grandes temas que están pendientes en la agenda, como la transparencia, o las violaciones a Derechos Humanos. En Europa grupos de ciudadanos protestan activamente ante la visita del jefe de Estado mexicano, y la precandidata demócrata Hilary Clinton ha hablado abiertamente sobre su preocupación por el comportamiento de las fuerzas armadas del país en sus operaciones de combate al crimen organizado.
Desde la década de 1940 hasta finales del siglo pasado, la política mexicana era vista como un asunto que se resolvía en casa, a veces teniendo en cuenta la presión de Estados Unidos, especialmente en temas de política exterior o económica, pero sin que este país opinara abiertamente sobre las fallas o debilidades del Estado mexicano. Hoy en día la realidad internacional ha cambiado en muchos sentidos, pero en lo que respecta a Derechos Humanos y combate a la corrupción, queda claro que los organismos internacionales como la OEA o la ONU, así como nuestro poderoso vecino del norte, se muestran cada vez menos indulgentes en lo que respecta a su apoyo al gobierno mexicano. Claro que estos actores internacionales también tienen en su haber un historial de errores y omisiones, pero eso sería tema de otro artículo.
Lo importante a destacar aquí es que la realidad internacional ha cambiado, hoy existen más voces y foros de discusión pública, y México no puede seguir eludiendo su responsabilidad como Estado supuestamente democrático, en lo que respecta a temas tan sensibles como los Derechos Humanos. Al gobierno de Peña Nieto podrá o no gustarle lo que grupos como el GIEI tengan que decir sobre lo que pasa en el país, pero no podrá tapar el sol con un dedo; insistir en ese tipo de conductas sería un despropósito para él y el Estado Mexicano en su conjunto.
Si la globalización ha traído tantos males al país, al menos hay que reconocer que nos ha hecho menos aislados en lo político y eso, aunque a veces no se perciba, también tiene sus ventajas.
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