Por Carlos Ramírez
El principal indicio de preocupación por las doce gubernaturas que se votarán en junio próximo no radica en la especulación sobre victorias o derrotas, sino en las evidencias de que el país avanza a una balcanización o desarticulación de la república.
Y el trasfondo no puede ser peor: como nunca antes, la bajísima calidad política de los candidatos de todos los partidos no es sino el reflejo del colapso de los partidos como organizaciones sociales y ciudadanas. En este sentido, las guerras sucias o de lodo entre los candidatos no es más que el saldo de pasivos éticos inocultables.
En un escenario más amplio, esa nominación de candidatos mostró el principal problema en la lucha por las candidaturas: la selección por complicidades, no por calidades. Se volvió a cumplir la maldición del sociólogo alemán Robert Michels en el primer estudio científico y sociológico sobre los partidos políticos (1912): los candidatos son nominados por el interés particular o de grupo de los dirigentes.
A ese mecanismo le llamó Michels “la ley de hierro de la oligarquía”; es decir, que los partidos no representan a sus seguidores a través de mecanismos democráticos, sino que los dirigentes deciden a capricho de sus intereses. Hay casos que rayan en el extremo: en Oaxaca el PRI designó a Alejandro Murat, hijo del exgobernador José Murat que aparece como uno de los protagonistas del caos oaxaqueño desde 1998. El PRI de Manlio Fabio Beltrones lo escogió por decisión de la continuidad de la oligarquía muratista en Oaxaca.
Lo más grave del asunto es que no se trata de un asunto priísta: todos los dirigentes de los partidos han decidido sus candidaturas a gobernador en función de intereses oligárquicos y no de demandas sociales. Por eso en Oaxaca el candidato del PRI en su propaganda quitó su apellido Murat por los negativos que convoca, pero al final gobernaría, de ganar, para los intereses del clan Murat.
El efecto de estas nominaciones radica en el hecho de que se perderá la integración federal. En el viejo presidencialismo, el jefe del ejecutivo aprobaba nominaciones en función de representación política; hoy no, hoy el PRI se ha confiado en su aparato electoral para seguir promoviendo candidatos ajenos a la sociedad y con intenciones de fundar virreinatos ajenos al federalismo.
Este modelo comenzó con Ernesto Zedillo en 1995 y sigue vigente hasta la fecha: los gobernadores en funciones han carecido de compromisos locales, no pertenecen a grupos nacionales y el PRI ha sido incapaz de operar una lealtad partidista, el presidente en turno carece de la decisión para deponer malos gobernadores y la oposición defiende hasta con las uñas a malos gobernadores porque las plazas parecen propiedad partidista y no territorio en disputas democráticas. A ello se agrega un dato revelador: nadie aparece como responsable de los resultados negativos de gobernantes y políticos.
Las estructuras políticas estatales y municipales forman parte del sistema óseo de la república y son determinantes para una estrategia integral de seguridad interior como parte de la seguridad nacional. Al perderse esas correas de transmisión del poder, el país entrará en una desintegración política de la estructura presidencial y la balcanización volverá a mostrarse como el efecto inmediato de la desarticulación republicana.
De ahí la importancia de elecciones de gobernadores.
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