Por Marco Antonio Rovira
Los malos gobiernos generan repudio. Lo anterior puede parecer una perogrullada, pero aunque sea así de obvio, nuestra clase política no logra entender el mensaje, e insiste en cometer errores que la desacredita una y otra vez.
Lo anterior se desprende de los resultados publicados esta semana por el periódico Reforma, que en una reciente encuesta realizada entre ciudadanos mexicanos, nos da cuenta de que sólo el 30% de la población aprueba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata del porcentaje más bajo no sólo en lo que va del sexenio, sino en toda la historia reciente de nuestro país.
Teniendo estos resultados en cuenta, uno se pregunta ¿para qué quiere el PRI y sus aliados mantener el poder y tener mayorías en el Congreso, si de cualquier manera la ciudadanía no está de acuerdo con sus políticas o su forma de ejercer gobierno? Un poder mayoritario es poca cosa en una democracia cuando no hay verdadera representatividad, misma que se vea reflejada en un nivel aceptable de aprobación en tu gestión.
El análisis, publicado por Reforma, indica que los rubros en los que el Presidente sale peor evaluado son el tema económico, la corrupción, y la violencia. Sobre el estancamiento económico y la violencia que flagela al país se puede decir que son problemas complejos y sujetos a una serie de factores que el Estado no puede controlar directamente, por lo que se requiere de estrategias originales y profundamente razonadas –mismas que han brillado por su ausencia hasta ahora– al momento de atacar estas cuestiones.
Pero en el caso de la corrupción, se supone que hay todo un mecanismo legal e institucional que podría hacer algo al respecto, en ese sentido, lo único que no hay es voluntad política para combatirla.
A raíz de los llamados Panama Papers que fueron revelados la semana anterior, la SHCP salió a decir que investigará a los implicados en el tema, aún falta ver qué harán después de supuestamente investigar, pero es difícil creer que en verdad se va a castigar con todo el rigor de la ley a aquellos ciudadanos que posiblemente hayan escondido dinero en paraísos fiscales para evadir impuestos.
Una de las empresas señaladas en estos documentos que se filtraron, es la tristemente célebre Grupo Higa, misma que ha sido una de las grandes favoritas del gobierno peñista y de otros, como el de Eruviel Ávila, actual gobernador del estado de México. Dicha empresa es la que “vendió” la llamada “casa blanca” a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, como lo reveló Carmen Aristegui, información que por cierto le valió la pérdida de su espacio en el espectro radiofónico. Esta empresa ha consolidado un poder enorme en el país a raíz de sus relaciones con distintos gobiernos, más los jugosos contratos de infraestructura que maneja para el desarrollo de obras públicas.
Un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar la corrupción y el poder que estas grandes empresas llegan a acumular, es el reciente caso del desalojo de indígenas otomíes en Xochicuautla, estado de México, donde más de 100 granaderos despojaron a esta gente de su tierra, con un presumible uso excesivo de la fuerza, a pesar de que existe una prohibición de realizar obras en el lugar, gracias a un amparo concedido por el quinto juzgado de Toluca.
La disputa surgió a raíz de la intención del gobierno del Eruviel Ávila de crear una carretera entre Toluca y Naucalpan, misma que será construida por Grupo Higa, y para la cual se piensa arrasar una parte de este bosque que es sagrado para el pueblo otomí. Las imágenes de la brutalidad policiaca al servicio de los intereses de malos gobiernos y sus empresas consentidas han circulado ya en redes, generando unánime desaprobación.
Lamentablemente, el uso de la fuerza está ahora legalizado gracias a la “Ley Eruviel”, cuyo antecedente inmediato podríamos encontrarlo en la llamada “Ley bala” de Rafael Moreno Valle, medidas tendientes a anular Derechos Humanos fundamentales de la ciudadanía a favor del gobierno y sus intereses cercanos.
Mientras en México se continúa con el despojo en contra de los indígenas vivos, Peña Nieto está de paseo por Alemania, enalteciendo las reliquias de los indígenas muertos; es decir, los tesoros de la vieja cultura maya. Este absurdo inadmisible sin duda pasará a afectar la imagen del presidente, mismo que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto, y que si bien no puede injerir de manera directa en los asuntos del gobierno del estado de México, sí que podría hacer su parte en combatir la corrupción, eso ayudaría muchísimo al país, por ejemplo, evitando que las empresas cometan atrocidades contra nuestra gente y recursos, gracias a sus relaciones de poder con ciertos gobernadores.
Pero claro, no se puede pretender combatir en serio algo sin morir en el intento, menos aún cuando tú eres eso mismo que buscas destruir. En pocas palabras, Peña Nieto se ve incapaz de combatir la corrupción porque él y su gente son la corrupción.
Mientras tanto el pueblo seguirá sufriendo en carne viva los efectos de este nocivo cáncer que ataca al país, y el presidente y la clase política en general seguirán siendo reprobados una y otra vez. Ojalá nuestros gobernantes entendieran que reprobar no es sólo sacar una mala nota, sino que eso puede tener implicaciones más serias, para su futuro personal y político. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor gobierno que el que no quiere corregirse.
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