Por Miguel Hernández @mikereportero
Debido a una negligencia médica en el Hospital IMSS de San Alejandro, ya que a un paciente extirparon un testículo por error, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación y ordenó que se dé una compensación.
Además, el médico responsable podría enfrentar cargos penales, ya que existe una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el expediente CNDH/5/2013/635/Q, se explicó que el afectado fue un varón de 56 años, quien el 16 de junio de 2011, acudió al nosocomio Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Hospital General Regional 36 para ser sometido a una cirugía programada de hernia inguinal, pero fue operado de lo que derivó en su queja, pues no dio su consentimiento.
Le ocultaron negligencia médica
El derechohabiente nunca fue informado de la cirugía por el galeno, sino que fue hasta después de casi dos años de malestares que descubrió la negligencia, pues en la especialidad de Urología de San Alejandro, le informaron que sólo tenía un testículo, situación que ocurrió el 15 de mayo de 2013 y hasta el 14 agosto del mismo año fue que interpuso su queja ante la comisión nacional.
De acuerdo a las pesquisas, al paciente no había necesidad de quitarle uno de sus genitales.
También se señaló por la CNDH que los responsables del resguardo de su expediente clínico intentaron esconder la información, lo cual significaba incumplimientos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el punto 5.3 de la NOM-168-SSA1-1998 “Del Expediente Clínico”, vigente entonces.
Por ello la CNDH emitió la recomendación 14/2016 al director general del IMSS, en la cual se instruye a que se reparen los daños ocasionados al agraviado.
Al instituto también se le ordena que dé una compensación justa, atención médica y sicológica. Además que al agraviado se inscriba por el IMSS en el Registro Nacional de Víctimas para que, en su caso, tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
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