Por Edgar Guzmán Uribe @Edd_g89
El titular de la SGG, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que el informe de la CNDH, en el que reportó abierto el caso Chalchihuapan, fue de 2015, por lo que –dijo– el organismo no tomó en cuenta la disculpa pública ofrecida en marzo pasado.

Lo anterior luego de que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó su informe de actividades del 2015, en el que mencionó que hasta el 11 de noviembre, los puntos segundo, tercero, sexto, octavo y décimo de la Recomendación 2VG se encuentran pendientes, por lo que se consideró como “cumplimiento parcial”. 

Al respecto, en entrevista, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) estatal señaló que en el documento no sólo se informó lo hecho a lo largo del año pasado en Puebla sino en todo el país, además de que, reiteró,  no contempla las acciones realizadas durante el primer trimestre de 2016. 

“Los temas que teníamos pendientes que era la disculpa pública ya se hizo (en Semana Santa) y fue bajo los protocolos internacionales y con las exigencias que pidieron los agraviados por los hechos de Chalchihuapan, eso era lo que faltaba”, abundó.

 

Disculpa pública deberá ser juzgada por CNDH, dice

Ante la pregunta de la prensa de qué pasará si Elia Tamayo Montes no acepta la disculpa ofrecida el pasado 23 de marzo, Carrasco Altamirano refirió que eso será un tema que le tocará juzgar y analizar a la CNDH.

Sin embargo, dijo que no hay un plazo para que el máximo órgano defensor de los derechos humanos dé respuesta, pero previó que será en las próximas semanas cuando les notifiquen sobre el tema.

En otro tema, respecto a la denuncia del PRI presentada ante la Fepade y el INE contra el gobierno estatal por la repartición de tinacos azules en vísperas del proceso electoral, el encargado de la política interna en Puebla no quiso emitir una opinión.

Yo no voy a emitir juicio de las declaraciones de partidos o líderes políticos porque eso es un tema de las campañas políticas, lo importante es que hay instituciones que pueden atender dichos reclamos, siempre y cuando se presenten si se tienen pruebas y que se diriman, pues es un tema que se da por las campañas políticas”, finalizó.

 

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