Por Jorge Arturo Santamaría Colula
Casos como Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán evidenciaron la falta de respuesta de los tres órdenes de gobierno a los problemas sociales; respecto a Puebla se encuentran pendientes cinco de 11 recomendaciones de la CNDH.
Así lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe de Actividades 2015, a casi dos años del desalojo –9 de julio de 2014– de la protesta en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, que dejó un menor de edad fallecido, nueve personas mutiladas y 40 policías lesionados.
El documento informó que hasta 11 de noviembre de 2015, los puntos segundo, tercero, sexto, octavo y décimo de la Recomendación 2VG se encuentran pendientes, por lo que se consideró como “cumplimiento parcial”.
Entre los puntos pendientes están el que el gobierno de Puebla garantice acceso a la justicia para dar con la responsabilidad, pues a pesar de 57 declaraciones que se han realizado, las autoridades locales siguen por determinar la actuación de diversos servidores públicos.
El organismo nacional mencionó una parcial reparación del daño; aunque se ha entregado cinco cheques de caja para este concepto, aún faltan más víctimas involucradas, además —señaló– Elia Tamayo Montes, madre del niño asesinado, se reusó a aceptar el dinero por la cantidad que contempla la compensación.
La CNDH consideró que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por autoridades de Puebla no se ajustó a estándares internacionales, asimismo solicitó las constancias que acrediten el cumplimiento de la sanción de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Por último, señaló que ante la Procuraduría General de Justicia del estado no se ha remitido las constancias que especifiquen quiénes son los servidores públicos involucrados.
Además, recalcó que los cuatro casos también reflejan la debilidad del Estado de derecho en varias regiones del país.
Prestación indebida del servicio, lo más denunciado
En la residencia de los Pinos, en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, Raúl Gonzáles Pérez, ombudsman nacional, dio a conocer que los las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia en 2015 fueron: prestación indebida del servicio público, en 3 mil 152 casos; faltar a la legalidad y eficacia en el desempeño de las funciones, mil 871; omitir proporcionar atención médica, mil 697; detención arbitraria, 879; trato cruel, 663; acciones que transgreden los derechos de los migrantes, 602; negligencia médica, 490; omitir fundar el acto de autoridad, 481; omitir motivar el acto de autoridad, 452, y prestar indebidamente el servicio de educación, 431.
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