Por José Buendía Hegewisch
La asociación de doble moral e impunidad alcanza perfiles criminales cuando encubre denuncias de delitos graves y abyectos como la violación. La primera es un criterio moral extendido en la sociedad, pero su práctica por parte de la autoridad tiene impactos devastadores para la justicia porque destruye el principio de imparcialidad.
Las leyes no se aplican por igual a los más poderosos que a los demás, como se presume de la actuación de la fiscalía de Veracruz en el caso de Daphne y los llamados juniors de la élite económica y política local que abusaron de ella.
El caso conmueve a la sociedad desde que conoció la denuncia del padre, Javier Fernández; en enero de 2015, su hija menor de edad fue llevada a la fuerza por cuatro jóvenes de la banda de los Porkys y violada en el domicilio de uno de ellos en Boca del Río. Todos siguen libres porque ninguna prueba, testimonio y confesión grabada convence al fiscal de otra cosa que no sea la versión de los agresores. Y respecto a la dilación de la averiguación exclama que su única presión es la Constitución.
El tratamiento diferenciado en la investigación del delito, sin que nada pase a los “intocables”, es la matriz de la corrupción. Este molde que desaparece derechos básicos no sólo expresa el incumplimiento sistemático de la ley o la falta de sanción para delitos sujetos a la acción penal como la violación. No es un problema de hipocresía, sino de que los fiscales tengan como moralmente aceptable torcer la justicia bajo la influencia del poder o dinero.
Más allá del caso de Daphne, la crisis de justicia en el gobierno de Duarte vuelve a colocar la falta de autonomía de los fiscales y su incapacidad para investigar delitos en el centro del déficit del Estado de derecho, aun y con la mayor reforma penal en puerta. ¿Puede tener éxito sin fiscales autónomos? Las fiscalías en grandes operaciones contra la mafia como “Manos Limpias” en Italia han sido clave para atacar la corrupción de la élite política y económica. También, en Guatemala con la destitución del presidente Otto Pérez.
En nuestra experiencia, los fiscales de casos emblemáticos sobre violaciones a derechos humanos como Ayotzinapa han sido cuestionados como la “verdad histórica” de Murillo Karam por inconsistencias en la averiguación. La fiscalía militar liberó esta semana a casi todos los implicados en la presunta ejecución extrajudicial de la masacre de Tlatlaya y la PGR no ha podido señalar responsables. Ni en el Ejército o la justicia federal se ofrecen garantías de independencia para castigar el crimen. Mucho menos las fiscalías estatales que son incapaces de integrar un expediente en tiempo y forma, menos sin ajustarse a los dictados políticos de los ejecutivos locales.
Baste ver la parsimonia de la fiscalía en el caso Daphne, que hace de la justicia un proceso ominoso. Los responsables de la indagatoria esperaron cuatro meses antes de llamar a declarar a los imputados y el caso sigue sin respuesta a diez meses de su denuncia. Pero el fiscal rechaza apurar el proceso por la presión mediática y acepta que a casi un año su investigación carece de solidez a pesar de los testimonios con la confesión de los imputados.
La falta de justicia no es exclusiva de Veracruz, pues expresa un problema extendido en las instituciones de procuración de justicia. Es un manto protector para la doble moral que condena el abuso, el delito o la corrupción en los templos o las mesas familiares, pero recomienda la transgresión, el abuso en los hechos. Y tiene en las fiscalías a los más fuertes cancerberos de las élites del poder.
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