Por Marco Rovira
Una sociedad con miedo es una sociedad que se puede controlar fácilmente. Esto resulta particularmente efectivo en tiempos de crisis, como los que atraviesa actualmente una parte del mundo, incluido México.
Esta semana, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un polémico dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional que, entre otras cosas, permitiría al encargado del ejecutivo federal suspender garantías y derechos individuales durante algún conflicto social, dando incluso la posibilidad a fuerzas armadas extranjeras de tomar acciones en suelo nacional, con un “permiso” otorgado por el propio gobierno.
De aprobarse esta iniciativa –aún falta su discusión en el pleno y la votación– estaríamos quizá ante la mayor regresión en materia de libertades y Derechos Humanos en nuestra historia reciente. Se trata de una iniciativa que contiene muchas ambigüedades, tales como no determinar cuáles serían específicamente las situaciones de “conflicto social” a las que podría aplicarse la medida, ni cómo determinar que dicha circunstancia realmente plantee un problema de seguridad pública, o amenaza al Estado de derecho, así como una especificación que diga por cuánto tiempo se haría dicha suspensión de garantías.
De no aclararse lo anterior y otros puntos de manera adecuada, esto daría al Presidente en turno y su bancada –si es que tiene un grupo parlamentario numeroso que lo secunde, como es el caso actual– un enorme campo de maniobra para imponer sus proyectos, inclusive en contra del malestar social o la resistencia ciudadana, pasando por alto las más básicas garantías de las personas, que son los Derechos Humanos, tales como la libertad de expresión, de tránsito, el derecho a un proceso legal justo, y el derecho a la vida, por citar unos ejemplos.
Algunos de los argumentos que se esgrimen para semejante propuesta se basan fundamentalmente en un elemento: el miedo. Actualmente el mundo atraviesa una ola de insatisfacción y frustración, así como un desencanto con la política tradicional y su capacidad para solucionar este malestar, por lo que algunos actores se aprovechan de esto para capitalizar el descontento social y conseguir o mantener el poder, inclusive con propuestas extremas que ponen en juego las bases mismas de la democracia.
Esta situación se ve reflejada día con día en hechos tan preocupantes como la respuesta de algunos gobiernos europeos al problema del terrorismo, al cual asocian fundamentalmente con los refugiados; el resurgimiento de movimientos xenófobos y fascistas en Europa, así como el trumpismo en Estados Unidos; y, por supuesto, la violencia que flagela a tantos Estados como Siria o México, lugares donde se vive una alarmante situación de crisis en materia de Derechos Humanos.
El mayor ejemplo en la historia contemporánea de cómo el miedo puede ser la base para establecer y mantener un sistema de dominación opresivo y totalitario, es la Alemania nazi, que desarrolló todo un aparato de terror fincado en instituciones como la Gestapo, o las S.S., sofisticado y perverso en extremo, mismo que fue un pilar fundamental para el dominio de Hitler. En buena medida, la falta de una resistencia organizada dentro de la propia Alemania para detener el curso de la barbarie que significó el nazismo, se explica gracias a la parálisis que el miedo ejerció sobre la sociedad misma.
Lo anterior se vincula con la propuesta de ley antes referida. Es muy notorio cómo varios legisladores argumentan a favor de este retroceso autoritario, a partir de ideas como estar mejor preparados en caso de emergencias que pongan en peligro a la ciudadanía; inclusive el diputado priista Jorge Carlos Ramírez Marín, ha declarado que este tipo de leyes son necesarias pensando en un escenario donde nuestro país sea víctima de organizaciones como el Estado Islámico, aprovechándose así del miedo que han generado sus acciones terroristas en Europa.
La sociedad mexicana pero, sobre todo, el Estado Mexicano, deben ser conscientes de que la barbarie no se puede combatir con más barbarie. Ninguna situación de “emergencia” debe servir como pretexto para que los Derechos Humanos sean violentados o pasados por alto; al contrario, estos siempre deben ser un imperativo que se practique y respete en todo momento que el Estado ejerce su autoridad.
Si el país vive de por sí una situación deprimente en materia de Derechos Humanos, como lo dejó ver el emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y como lo reflejan día con día situaciones tan lamentables como los jóvenes desaparecidos en Veracruz, o el caso de los migrantes que pasan por México, resulta injustificable una propuesta de reforma como la que se está planteando, más aún cuando el gobierno de Peña Nieto ha dado muestras claras de que no le interesa atender a las víctimas, ni velar por las garantías individuales, mucho menos perseguir la impunidad y aceptar la magnitud de la crisis que se vive; hay que recordar que estos mismos días se ha dado un bochornoso episodio de autoritarismo mexicano, debido a una campaña que el gobierno ha orquestado para desprestigiar a los expertos de la CIDH que fueron invitados a México para ayudar a esclarecer el caso Ayotzinapa, negando una y otra vez las conclusiones a las que estos han llegado sobre la situación actual en el país, y recurriendo incluso a métodos tan bajos como acusar al Secretario Ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, de fraude y posible corrupción.
Con estas referencias, ¿cómo puede confiar el ciudadano de a pie en que sus derechos más básicos serán respetados, más aún si existe una ley que permite que estos le sean arrebatados?, ¿a qué autoridades acudiremos si necesitamos justicia cuando hemos visto una y otra vez que el sistema mexicano no funciona para nada en ese sentido?, ¿qué actores internacionales podrían apoyarnos cuando el gobierno se niega a admitir criticas y a hacer caso de las recomendaciones que se le enuncian en materia de Derechos Humanos?
Permitir o validar una propuesta de Ley como la que se pretende nos llevaría a una situación prácticamente de indefensión total frente a los abusos y perversiones del Estado mexicano, lo que implicaría un retroceso histórico enorme para la de por si débil ciudadanía mexicana. Quienes apoyan semejante idea no pueden sino merecer nuestra más profunda indignación.
No permitamos, como se ha hecho ya tantas veces, que el miedo nos paralice, “el pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían de temer al pueblo.”
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