Por Gustavo Santín
Si bien, el futuro les pudiese parecer promisorio por la encomienda que recientemente les otorgara Aurelio Nuño Mayer, las circunstancias en las que los supervisores escolares de educación básica y media superior desempeñan su trabajo parecieran ser todo menos halagüeñas.
Abandonados a la buena de dios, presupuestalmente hablando, maestras y maestros que desempeñan funciones de supervisión escolar carecen de instalaciones proporcionadas por la dependencia y para el desarrollo de sus actividades requieren alojamiento en escuelas públicas, algunos, y otros en -su mayoría- en escuelas particulares, deben recurrir al socorro “forzoso” que les otorgan padres y madres de familia a través de aportaciones “voluntarias” o mediante el cobro de cuotas, alumno(a) por alumno(a), por participar en eventos deportivos, realizar exámenes, contestar encuestas.
Demandan de terceros, pues no cuentan con un presupuesto regular asignado oficialmente, papelería y equipo de cómputo, artículos de oficina, pagos de teléfono e internet con cargo a las escuelas que supervisan.
Objeto tangencial en la atención de Nuño Mayer hasta ahora, diligencia vinculada a la excesiva carga burocrática que el personal docente lleva sobre sus espaldas, el supervisor escolar, “representante del Sistema Educativo Nacional en la escuelas” (Un Modelo de Gestión para la Supervisión Escolar, http://goo.gl/tCDc2m), interlocutor entre autoridades educativas centrales y los directivos escolares “transmite” instrucciones que las comunidades escolares habrán de acatar por absurdas que éstas sean, así impliquen la suspensión de las actividades escolares incumpliendo con una de las partes fundamentales de la oficial “la normalidad mínima escolar”.
Responsable del control político de los maestros, maestras, directores, directoras, padres y madres de familia de las escuelas bajo su encargo, ejerce un “control de carácter técnico-pedagógico y administrativo” y es la autoridad educativa de proximidad a quien voltean los interesados -lo mismo que sus superiores- para resolver situaciones anómalas en las que se ven involucrados(as).
Sin embargo, quienes se encargan de la supervisión escolar se encuentran entre la espada y la pared. Las comisiones administrativas, de investigación y la solución de conflictos sociales y laborales que les son delegados y que deben atender por instrucciones del ayudante del ayudante del director del nivel (competencia del área jurídica de las dependencias educativas locales) incluidos los que se generan por desacuerdos entre el personal docente y directivo de las escuelas, madres y padres de familia, les enfrenta con la nuevas disposiciones emanadas del programa “Escuela al Centro” en la que la función primordial de quienes se desempeñen como supervisores, debería centrarse “en ser un garante de la calidad educativa en su ámbito de competencia.“( http://goo.gl/2gnQ9D), acompañar “el que hacer pedagógico de los docente” y ser el fiel de la balanza que permitiría valorar, a partir de un diagnóstico, las propuestas para definir qué escuela sí y que escuela no, resultaría beneficiada con el calendario escolar de 185 días.
Adicionalmente, Nuño Mayer habría puntualizado que por medio de las supervisiones escolares “la Secretaría de Educación Pública (SEP) sabrá si los colegios avanzan en el nuevo modelo de organización y gestión escolar, si funciona la transferencia de recursos y si los consejos técnicos escolares y de participación social cumplen sus objetivos”. (http://goo.gl/H1jXnm).
Pero que serían para Nuño Mayer el “actor fundamental” para que el nuevo plan de Escuelas al Centro se convierta en una “realidad cotidiana” en el sistema educativo nacional.”, muchos, que no todos, de los supervisores escolares despiertan inquina y resquemor por decisiones absurdas tomadas bajo presión de sus múltiples jefes.
Atrás quedaron los tiempos en los que el sistema educativo crecía merced a la opinión del Inspector General, en los que señor de horca y cuchillo, nombrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el supervisor escolar, decidía en contubernio con el comité ejecutivo delegacional, sobre la contratación del personal leal al SNTE, determinaba su adscripción incluidos los cambios, la permanencia y el cese de quien a su juicio, o el de la dirigencia del sindicato, mereciera ser marginado del trabajo o del otorgamiento de prestaciones laborales, presidía asambleas sindicales, incluso aquellas en la que se renovaba los comités ejecutivos delegacionales, asignaba o validaba cuotas de inscripción voluntarias a padres y madres de familia que le permitieran el mantenimiento, al menos decoroso, de sus oficinas.
Épocas en las que el control político era de primordial importancia, el supervisor escolar, el encargado de resguardarlo y el SNTE su depositario. Los tiempos han cambiado y la función asignada al supervisor escolar por las autoridades federales también, pasando del control político al de ser un supuesto gestor la calidad, cuidando cuestiones de género, de inclusión, equidad y respeto a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y sus progenitores(as).
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