Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
Al mediodía de este miércoles, aprovechando la poca atención mediática que existe por el periodo vacacional, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas hará un segundo intento para desactivar el principal lastre que carga por su carácter autoritario que es: la falta de cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la represión a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan y el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. Para ello, se habrían repartido una serie de “cañonazos”, de muchos miles de pesos, para que una parte de los agraviados otorguen el perdón al titular del Poder Ejecutivo.
En la tarde–noche de este martes, en la comunidad de Chipilo, personal de la CNDH y un grupo de agraviados de Chalchihuapan se reunieron para ultimar los detalles de un encuentro que hoy habría con Rafael Moreno Valle Rosas, para que el gobernador les ofrezca una disculpa pública, tal como se exigió en la recomendación 2V6/2014, la cual se emitió el 11 de septiembre de hace dos, en la cual se exigía que se resarciera el daño a los afectados de la represión policiaca que dejó un saldo de un menor muerto de 13 años de edad y nueve heridos de gravedad.
Lo que fundamentalmente ha hecho el gobierno del estado es entregar mucho dinero a algunos de los agraviados, como una forma de resarcir el daño. Y hoy se espera que el gobernador le pudiera ofrecer una disculpa pública a Elia Tamayo, la madre del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Por la noche había dos versiones sobre el lugar del encuentro. Unos dicen que se realizaría en la telesecundaria de Chalchihuapan, en la cual José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo cursaba el primer año. Otra que se haría a las 12 del día en Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la 17 Poniente 1919 de la ciudad de Puebla.
Independientemente del lugar, lo que se buscará es que sea un encuentro breve, sin prensa ni testigos. Sólo serían convocados una parte de los agraviados y miembros de la CNDH, así como abogados y políticos paleros del gobierno.
No habrá ni justicia ni perdón
Dicha acción no es resultado de que en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se haya reconocido los abusos cometidos por policías estatales el 9 de julio de 2014 contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, que en la vía Atlixcáyotl protestaban por el retiro del registro civil en las juntas auxiliares, sino es una manera de evitar que este asunto le quite votos al PAN.
Moreno Valle sabe que el asunto de Chalchihuapan será un tema central en las campañas electorales de las candidatas opositoras a la gubernatura, Ana Teresa Aranda Orozco, Roxana Luna Porquillo y tal vez de Blanca Alcalá Ruiz –si es que no real la versión de que ya negoció perder los comicios–, y que es una materia muy sensible en la opinión pública. Por esa razón está urgido de desactivarlo a menos de dos semanas de que inicie el periodo de proselitismo de los aspirantes a sucederlo en la titularidad del Poder Ejecutivo.
Las encuestas indican que, entre el grueso de la población, el aspecto más negativo del gobierno de Moreno Valle es la privatización del agua potable. El segundo es la creación de la llamada “Ley Bala”, que permite disparar armas de fuego contra manifestantes en la vía pública, y que como derivado de la aprobación de esa legislación se desató la represión contra el pueblo de Chalchihuapan y el asesinato del niño Tehuatlie Tamayo, quien recibió en la cabeza un proyectil lanzado por agentes de la Policía Estatal.
Por eso Moreno Valle está jugando a hacer creer a la opinión pública que está reculando en todos los aspectos negativos de su administración, como es aparentar que condona deudas de agua potable, que regresa del registro civil a los pueblos, que libera presos políticos, que reduce la carga de las fotomultas y mejora el servicio del metrobús, así como hacer justicia a la comunidad de Chalchihuapan.
En realidad lo que va a pasar este día es un engaño, no es ningún acto de respeto al Estado de Derecho o de sanción a los abusos del gobierno morenovallista.
Si realmente se quisiera hacer justicia, se tendría que encarcelar a los policías –que están libres, luego de pasar unos días en prisión– que mataron al niño Tehuatlie Tamayo y agredieron a pobladores inocentes, junto con los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno –encabezada en ese entonces por Luis Maldonado Venegas– que permitieron la represión a los habitantes de dicho poblado.
Y sobre todo, se tendría que proceder penalmente contra el fiscal general de justicia, Víctor Carrancá, quien inventó el peritaje de que al niño Tehuatlie lo había matado el impacto de un cohetón lanzado por algún poblador de Chalchihuapan. Esa versión fue desmentida por la CNDH.
Lo relevante de este día será saber que argucias utilizará el gobierno morenovallista para hacer creer a la CNDH que ya cumplió con la recomendación 2V6/2014, y si la Comisión Nacional de Derechos Humanos se va a prestar a los engaños del gobernador.
El 1 de marzo de 2015 la administración morenovallista intentó ofrecer una disculpa pública al pueblo de Chalchihuapan, en un recinto de la ciudad de Puebla, con una duración de tres minutos. En esa ocasión la CNDH no aceptó dicho comportamiento del Poder Ejecutivo.
Este día la CNDH se someterá a una nueva prueba: si el organismo está comprometido con hacer justicia en el caso Chalchihuapan va a rechazar el montaje que el gobierno morenovallista ha preparado con fines electorales. Si la comisión ya entró al juego político del gobernador Moreno Valle, en unos días anunciará que se dio cumplimiento a la recomendación 2V6/2014.
Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/03/23/239253/
 por la represión a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan y el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. Para ello, se habrían repartido una serie de “cañonazos”, de muchos miles de pesos, para que una parte de los agraviados otorguen el perdón al titular del Poder Ejecutivo.){kind=link}