Por Jorge Santamaría Colula
La Comisión de Gobernación aprobó las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, sin embargo, presidentes auxiliares acusaron que no se reformó porque afirmaron que no se les regresará la facultad de ser juez de registro civil.
El líder de la organización Presidentes Auxiliares Unidos por sus Derechos del Estado de Puebla (Paudep), Eugenio Sandré Popocatl y edil auxiliar en San Pedro Yancuitlalpan –del municipio San Nicolás de los Ranchos– afirmó que la propuesta del gobierno del estado no tomó en cuenta sus propuestas y anunció que trabajarán en una iniciativa ciudadana apegada a la ley.
Entre las peticiones de las autoridades subalternas estaban el devolver la facultad de ser jueces del registro civil, un salario fijo junto con los cuatro regidores a su cargo, regresar su categoría de gobierno, darles voz y voto en el cabildo municipal así como la autoridad de nombrar a los jueces de paz, agentes subalternos y el comandante de la policía.
Sandré Popocatl advirtió que trabajarán en una demanda por la vía jurídica.
A su vez, la diputada local del PRI, Silvia Tanús Osorio, afirmó que esta ley es un paliativo, “ni resuelve el problema de las juntas auxiliares, ni incluyen la propuesta que envió mi partido”.
Tanús Osorio dijo que es una legislación a medias y no deja clara las funciones de los presidentes auxiliares, prácticamente –destacó—se lo está dejando al criterio de los alcaldes municipales, “por ello hay muchos enfrentamientos”.
Atribución principal será para gobierno, aceptan
Por su parte, en entrevista, el diputado local del PRD, Ignacio Mier Bañuelos, afirmó que la ley aprobada consiste en que los presidentes auxiliares puedan coadyuvar –participar en las funciones– siempre y cuando sean capacitados.
Destacó que esto dará un servicio “profesional”, ya que los ediles subalternos podrán ser capacitados para fungir como juez del registro civil o incluso nombrar a alguien para recibir la preparación.
Aunque aceptó que la atribución principal se le queda al gobierno del estado, dejando a las autoridades de las juntas auxiliares sin ser reconocidas como un órgano descentralizado.
Además aseveró que no se abordaron los temas de asignación de jueces de paz ni agentes subalternos o servicios públicos; afirmó que en cuanto a los salarios, las juntas ya tienen un presupuesto mensual del 5 por ciento y esto depende del número de demarcaciones y la cabecera municipal.
En cuanto a las sanciones, Mier Bañuelos refirió que van dirigidas a cualquier autoridad que funja en ese momento, llámese jueces, presidentes municipales, auxiliares o personas que ellos decidan y que van hasta los 8 años de prisión por falsificación de documentos.
Se prevé que este martes el pleno del Congreso local avalará la iniciativa que fue enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle.
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