Enrique Núñez/Contracara/Intolerancia Diario
La ignorancia de quienes llegaron a gobernar Puebla un día antes del inicio del sexenio, provocó un daño irreparable a las juntas auxiliares de todo el estado.
El desconocimiento de los funcionarios morenovallistas, de lo que representan las juntas auxiliares o pueblos subalternos, les impidió darse cuenta que son comunidades con identidad y cultura propia y que han sido históricamente marginados.
De los pocos logros que habían ganado al paso de los años, era el manejar su registro civil, el cual, por un absurdo capricho del Secretario General de Gobierno, se presentó una reforma para quitarles los registros civiles y con ellos su historia y esencia.
Ahora, después de un niño muerto en Chalchihuapan, pobladores golpeados, presidentes encarcelados y decenas de presos políticos; de golpe y porrazo se presenta una iniciativa para restituirlos a las juntas, de donde jamás debieron salir.
El nuevo problema es que esta iniciativa se encuentra incompleta, ya que solo contempla regresarles el Registro Civil, lo cual compone la parte administrativa, pero no se restituye la figura del juez de paz entre otras cosas.
Recordemos que en octubre de 2013 el Congreso local aprobó que las juntas auxiliares ya no manejaran el Registro Civil, además de la desaparición de la figura de los jueces de paz.
Como la ley no es retroactiva, fue hasta que entraron en funciones las nuevas autoridades auxiliares entre mayo y junio de 2014 cuando —tal y como lo informó Intolerancia Diario— había caos ya que la gente no podía sepultar a sus muertos, ni registrar a sus hijos.
Los problemas generados por quitarle los registros civiles a las presidencias auxiliares no fueron asuntos menores.
Hubo quienes optaron por las inhumaciones ilegales pues no podían tener el cuerpo mucho tiempo ya que para obtener el acta de defunción se tenía que ir a la cabecera municipal, en ocasiones a más de cuatro horas de camino en la Sierra Norte o la Mixteca.
Por duro que se lea, los dolientes veían como se descomponía el cuerpo, mientras regresaba algún familiar con él acta de defunción hasta tres días después.
En época de inscripciones, la SEP tuvo serios problemas y tuvo que dar tiempo a que los padres de familia pudieran ir a la cabecera para tener la copia del acta de nacimiento.
Y en cuanto a la figura del juez de paz, que era parte de la identidad de los pueblos; este cargo se le daba a la gente más respetable y era el que mediaba en un conflicto entre vecinos, el que ordenaba que una persona estuviera una noche en la cárcel y la gente entendía el castigo de acuerdo con los usos y costumbres.
Pero con su nueva ley, llegaron a complicarles la vida, ya que ahora tienen que presentar una denuncia formal ante la fiscalía, perder horas y gastar el dinero que no tienen, prefiriendo en muchos de los casos no presente las denuncias, con la impunidad que esto implica.
La ingobernabilidad, los linchamientos y las presidencias tomadas son consecuencia de esta falta de autoridad en los pueblos.
Cuando se aprobó la ley, el principal argumento de los diputados morenovallistas fue que había mucha falsificación de actas de nacimiento, pero quienes somos poblanos o hemos vivido muchos años aquí, sabemos que está práctica se daba en las juntas auxiliares absorbidas por la mancha urbana, no las del interior del estado, estas comunidades viven y resuelven sus conflictos normales, y al menos 600 de las 650 vivían en santa paz.
Ahora que ya se dieron cuenta del tamaño de la estupidez de esta ley y del costo electoral que representa, decidieron echarla pa’tras.
Bonita fregadera, nos cansamos de decirlo y escribirlo sin que se inmutaran.
Mataron a un niño entre esta ley y la Ley Bala.
Mantienen presos a quienes se manifestaron contra la ley.
¿Y ahora la regresan como si nada hubiera pasado?
No sean cínicos y cuando menos, ofrezcan una disculpa pública, tanto los diputados que la aprobaron, como los funcionarios que la mandaron como iniciativa empezando por el gobernador Moreno Valle.
Ya estuvo bueno de que tanta idiotez no tenga ninguna consecuencia.
El que la hizo, que la pague.
Renuncias fantasma en el PRI
A reserva de ampliar la información, les comento que esta semana empezaron a llegar cartas de renuncia al CDE del PRI.
Ante este caso de renuncias masivas, buscaron en su archivo y resultó que salvo alguna excepción, ninguno estaba en el padrón tricolor.
El misterio se resuelve cuando este columnista recibe la queja de un grupo de trabajadores de Sedeso en la que me dicen están siendo obligados a renunciar al PRI.
Y como no les creen que no son priistas, decidieron mandar sus cartas de renuncia, cuya copia sellada es la que muestran para evitar su despido.
Así también está sucediendo en la SGG y en Secotrade. Me imagino habrá más.
Sin duda, la represión laboral y política no termina, ni terminará.
Es el sello personalísimo del Señor de Los Cerros.
Para mayor información:http://intoleranciadiario.com/detalleOpinion/5630/contracara/una-ley-maldita-desde-su-creacion
