Mónica Camacho/La Jornada de Oriente
El Senado de la República asestó dos golpes contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas al solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) agilizar las investigaciones sobre el robo de hidrocarburos a Pemex para sancionar a los funcionarios estatales implicados, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un reporte sobre el estado de la deuda, los fideicomisos y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) contratados en Puebla.
Sobre las tomas clandestinas en la red de ductos de la paraestatal, la Cámara Alta del Congreso de la Unión requirió a Moreno Valle además un “informe pormenorizado” del avance de las indagatorias emprendidas contra elementos de la Policía Estatal presuntamente relacionados con las bandas dedicadas al robo de combustible.
En el tema del manejo de recursos, pidió al mandatario poblano hacer pública la información referente al fideicomiso que contrató a la empresa Evercore, de Pedro Aspe, para administrar la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), incluido el patrimonio actual del fideicomiso y los contratos celebrados por el fiduciario con cargo al mismo.
El debate de ambos temas se alargó por más de dos horas por la defensa que emprendió el senador del PAN Javier Lozano Alarcón a favor del gobierno morenovallista, la cual fue rebatida por los legisladores Manuel Bartlett Díaz, del PT; Luis Miguel Barbosa Huerta, del PRD, y Martha Angélica Tagle Martínez, quienes demandaron transparencia.
Tanto el robo de hidrocarburos a Pemex como el fideicomiso contratado a Evercore fueron dos de los temas que más rehuyeron los integrantes del gabinete estatal durante su comparecencia ante el Congreso del estado en febrero pasado, por ser dos de los mayores escándalos del sexenio.
Ambos asuntos se discutieron en el Senado de la República en la sesión ordinaria de ayer por los puntos de acuerdo que presentaron, por un lado, las senadoras Martha Angélica Tagle y María de los Dolores Padierna Luna, y por el otro, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional.
Aumentan tomas en 1 mil 600%
El Revolucionario Institucional refirió en el Senado que el robo de combustible se ha incrementado de manera exponencial en la administración de Moreno Valle, pues las tomas clandestinas en el estado aumentaron en casi mil 600 por ciento, al pasar de 49 tomas en 2010 a 825 para el cierre de 2015.
“A pesar de esta situación el gobierno del estado no ha mostrado interés ni esfuerzos por coadyuvar en el combate de este ilícito, lo que evidencia que la Federación y municipios trabajan sin el respaldo del Ejecutivo local.
“Por el contrario, la madrugada del martes 14 de julio de 2015, elementos del Ejército Mexicano detuvieron al director general de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, y al jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez, por el presunto delito de robo de combustible a Pemex”, expuso el tricolor.
Indicó que el crecimiento de este ilícito se concentra principalmente en cinco municipios del llamado “Triángulo Rojo”: Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco, por donde atraviesan los ductos de Pemex que van de Veracruz a la Ciudad de México.
En estas cinco demarcaciones, prosiguió, se registraron 68 por ciento de las 825 tomas clandestinas registradas en el estado de Puebla durante todo 2015, y la tendencia a la alza se mantiene durante este 2016, pues tan solo en enero se detectaron 76 tomas clandestinas, 49 por ciento más que en el mismo mes del año inmediato anterior.
22.5 mil mpd, en la opacidad
Por su parte en el Senado, Martha Tagle y Dolores Padierna denunciaron que Evercore se encargará durante medio siglo de manejar los recursos del gobierno por concepto del ISN como garantía para el pago de los PPS, pero alertaron que bien podrían utilizarse para “cualquier otra cosa” dado los “multiusos de ese fideicomiso” que manejará 22 mil 540 millones de pesos.
Acusaron que el gobierno de Moreno Valle ha sido “muy sigiloso respecto a este tipo de proyectos” y entre sus estrategias mencionaron “mantener la información bajo reserva” y hacer reformas a las leyes estatales “para protegerse”.
Evidenciaron que el gobierno modificó el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del estado, estableciendo que “no constituyen deuda pública los contratos de proyectos para prestación de servicios (…) No obstante en los hechos estos mecanismos constituyen deuda pública en tanto comprometen ingresos del estado”.
“Si bien el jefe de oficina del gobernador del estado de Puebla, Roberto Moya Clemente, quien a la vez fuera secretario de Finanzas de la entidad, explicó en días pasados la supuesta razón del fideicomiso y el hecho de que éste servirá para dar certidumbre jurídica a los bancos, por el pago de los PPS; resulta urgente transparentar todos los detalles de este esquema”, enfatizó Tagle.
Destacó que al ser recursos públicos estos no pueden quedar “en un ámbito discrecional y de opacidad al hacer uso de artilugios legales que buscan beneficiar y saciar intereses privados”.
Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/03/02/acuerda-senado-investigar-moreno-valle-robo-combustible-fideicomisos/
