Por Juan Carlos Lastiri
La palabra certeza, per se, ya implica una sensación de seguridad en algo, sea esto bueno o malo, nos da la confianza de tener una verdad. El tema no es menor, incluso ha generado debates de corrientes económicas en donde el dotar de esta seguridad se puede ver como un incentivo para las economías de integrar a muchas personas a oportunidades de mercado, como el crédito.
Así, bajo este principio, al inicio de esta administración, el presidente Peña Nieto dispuso que se generará la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), para que una de sus funciones primarias fuera la de eliminar el rezago que se tenía en la dotación de títulos de propiedad en muchas de las tierras que componen nuestro gran país.
En México se requería de una entidad con la responsabilidad de promover el reordenamiento territorial, la Reforma Urbana, el acceso a la vivienda y, de manera central, generar en los dueños la certeza jurídica respecto de su patrimonio, procurando avanzar hacia un entorno sustentable, ordenado y armónico que se refleje en mejores condiciones de vida para millones de mexicanos. Por ello, la Sedatu trabaja para impulsar políticas que tengan rostro humano y enfoque social.
Se busca abatir el rezago habitacional por medio de acciones de vivienda y de certeza jurídica que permitan a las familias disfrutar de un patrimonio que no pierda valor con el paso del tiempo, que no esté lejos de sus escuelas o centros de trabajo, pero sí, alejado de zonas de riesgo, en lugares donde su vida no corra peligro ante desastres naturales.
A esta Secretaría se le instruyó avanzar en materia de justicia cotidiana, donde se trata de poner el trabajo y esfuerzo de las instituciones al servicio de las personas, por lo que, en el sector de desarrollo agrario, territorial y urbano, la justicia cotidiana es brindar seguridad al patrimonio por el que han trabajado y luchado tanto las familias mexicanas.
Siguiendo con la operación de estos postulados, los resultados son claros en la materia. A nivel nacional, el compromiso para este año tiene planeado entregar más de 500 mil títulos de propiedad y, adicionalmente, el Registro Agrario Nacional (RAN) realiza un gran esfuerzo para abatir el rezago de más de 150 mil expedientes.
En cumplimiento a esta instrucción presidencial, la Sedatu trabajará a través de una ambiciosa estrategia que coordine a las dependencias antes mencionada junto con los gobiernos estatales e incluso municipales, para cambiar las inercias del pasado y poder destrabar burocráticamente asuntos que detuvieron el cumplimiento de esta obligación, acelerar reglas de operación y sobretodo, el tener la voluntad política de cada uno de los involucrados sean parte de esta nueva dinámica.
Todo esto ha impulsado un nuevo programa de seguridad patrimonial el cual ya es conocido como “Papelito habla” y a través del cual a lo largo y ancho del país, se irá trabajando bajo estas premisas de coordinación y agilización de los tramites y poder alcanzar las ambiciosas metas planteadas para ir resolviendo el rezago heredado de sexenios anteriores y ahora sí el poder cumplir con una obligación del Estado Mexicano de otorgar certeza legal a los que menos tienen y han recurrido a los programas y mecanismos para alcanzar esta preciada meta, de poder heredar un patrimonio seguro a sus hijos.
No basta con alcanzar metas cuantificables en montos u obras, es necesario que las políticas públicas lleven este rostro social para entender que la mejor forma de ir abatiendo las carencias sociales es partir de proporcionar un piso básico de derechos sociales, transformado en el ejercicio público de los recursos bien orientados y que a su vez estos se conviertan en satisfactores que resuelvan el problema de cada familia, para que se transformen, como dijo el presidente Peña Nieto, en caras felices por ver resuelto pendientes de muchos años atrás. Y eso fue lo que se vivió en Altamira, Tamaulipas, este martes y se replicará con miles de familias a lo largo de este año.
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