Por Redacción
El gobierno de Puebla y la SCT federal incumplieron con las disposiciones legales y normativas sobre la adjudicación de concesión del segundo piso de la autopista México-Puebla, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo al periódico El Economista, se concluyó que no se acreditaron “los criterios de economía, eficacia y eficiencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.
La obra fue asignada directamente en el 2014 al consorcio integrado por OHL México (51 por ciento) y Pinfra (49 por ciento), e implica una inversión que ronda los 10 mil millones de pesos y se espera que se inaugure este año.
En su dictamen, emitido luego de analizar la información y documentación proporcionada por las partes ante sus cuestionamientos, menciona que el costo por kilómetro considerado en el título de concesión es mayor en 268.1 por ciento al que se paga en la autopista federal México-Puebla.
Según la ASF, el otorgamiento de la concesión fue como pago de la indemnización que le hizo el gobierno local a OHL México luego del rescate realizado en el 2012 del Libramiento Norte, que había sido adjudicado a su filial Autovías Concesionadas OHL.
La participación de la SCT, explica la ASF, es resultado del acuerdo que firmó en julio del 2011… con el gobierno de Puebla y que ampara el otorgamiento de un subsidio por 2 mil 500 millones de pesos para concesionar la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto en jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla.
De la dependencia, la auditoría observó “que no dio seguimiento sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, toda vez que no presentó reportes trimestrales”.
Al respecto, se menciona que el subsecretario de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría de Puebla informó que se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Bienes del Estado, formalizando un título de concesión, y justificó que se obtuvieron criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez.
Y del criterio de falta de economía, la dependencia estatal manifestó en su momento que el sobrecosto y el tiempo para la ejecución de la obra, la proyección para la recuperación de la inversión, así como de las contraprestaciones que obtendría el Estado, garantizan la ejecución del proyecto en las mejores condiciones.
Vericuetos legales del subsidio de la SCT
La ASF determinó que la SCT otorgó el subsidio de 2 mil 500 millones de pesos al gobierno de Puebla para el proyecto del viaducto elevado, aun cuando no se contaba con el estudio costo-beneficio ni con el proyecto ejecutivo respectivo.
A pesar de que la dependencia, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, entregó un estudio al respecto, la auditoría consideró que no corresponde con las características del proyecto de origen y que a la fecha de la revisión (octubre del 2015) no se contaba con el proyecto ejecutivo autorizado por la SCT. Se refiere que no se dio cumplimiento a lo establecido en el apartado IV, inciso D, de los lineamientos para el Programa de Apoyo para Infraestructura Carretera, “en el que se indica que se debe contar con el proyecto ejecutivo, evaluaciones financieras y técnicas que aseguren factibilidad”.
Fuente: El Economista
Foto: EsImagen
