Por Diana Juárez @Diana_J_M
Organizaciones civiles tramitaron un amparo contra la “falta de respuesta” del Congreso de Puebla para iniciar la discusión de la armonización de la ley de transparencia y que en dicho proceso se tomara en cuenta a la sociedad.
De acuerdo con Nodo de Transparencia, el caso fue aceptado el 12 de febrero en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo con el número de expediente 210/2016.
La organización recordó que el 15 de noviembre del 2015, acudieron al Legislativo de Puebla para entregar una petición firmada por Artículo 19, Nodo de Transparencia, México Infórmate, Puebla Vigila, Colectivo Transparencia y la Integradora Participación Ciudadana (IPC) en la que afirman sólo que se tiene hasta el 5 de mayo de 2016 para homologar la ley.
La falta de respuesta por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política –aseveró– ahora presidida por el panista Jorge Aguilar Chedraui, se suma a la falta de propuestas para iniciar el debate con miras a conseguir no sólo los mínimos que exige la ley general, sino a lograr un marco normativo de avanzada.
Diputados podrían desacatar al Congreso federal
Lo anterior, argumentó, podría derivar en que los diputados locales desacaten el mandato del Congreso de la Unión o trabaje de manera “descuidada” en una reforma que podría ser impugnada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La petición que se entregó hace tres meses –indicó– incluyó también un documento con un diagnóstico que identifica 34 temas a ser considerados para una armonización que se ajuste a la reforma constitucional de 2013 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en 2015.
Entre los asuntos más importantes, destacan el del incluir a los fideicomisos y fondos públicos, sindicatos, organizaciones civiles, personas físicas o morales que reciban recursos públicos o emitan actos de autoridad como sujetos obligados directos de la ley.
Prohibir la generación de acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos y asegurar que el solicitante pueda interponer un recurso de revisión de manera directa o a través de medios electrónicos, derogándose la ratificación del mismo.
Foto: Especial