Por José Buendía Hegewisch
El peor motín de la historia del país en el penal de Topo Chico es obra de la mala política y de sus peores operadores. La ingobernabilidad que permitió la guerra en el interior de esa cárcel de Monterrey, con un saldo de 49 reos muertos, es un problema político.
Es la política lo que explica la crisis generalizada del sistema penitenciario. La acusación oportunista contra El Bronco, gobernador de Nuevo León, para desacreditar a los independientes, es confrontación y no atención a la problemática de las cárceles que ofrecería la buena política. Sin verdadera capacidad de exigir responsabilidades, más allá del golpe artero o la condena, la política se muestra incapaz de controlar la violencia aun cuando sea su razón de ser.
El día de la matanza, las fracciones en el Senado se apresuraron, con inusual rapidez, a condenar la lenta e ineficaz reacción de un gobernador que sigue en campaña y dedicado a promover otras candidaturas independientes. Doble oportunidad para desvelar la inexperiencia de candidatos sin partido que aspiran a competir en 2018 y recortar expectativas sobre una de las pocas figuras políticas que abren el monopolio de los partidos. Sin opciones no hay política.
La mala política aconseja siempre aprovechar las circunstancias para atacar al oponente, a costa del consenso o de dejar de constreñir la violencia e incluso de alentarla. ¿Cuáles acuerdos hay para reformar las prisiones que, como en Monterrey y otras ciudades, son sedes del crimen, aunque sean espacios confinados al Estado? ¿Qué significa al combate, al delito, que ahí la autoridad esté rebasada por mafias? ¿Cómo respaldar la estrategia de guerra contra el narco y llenar la cárcel de narcomenudistas para entregarles el dominio a los cárteles?
La diferencia entre mala y buena política está en la relación duradera del consenso y el uso de la fuerza. Está en el control político de las instituciones sobre la violencia, aunque eso no quiera decir que desaparezca de prisiones o de la calle. Pero si éstas no funcionan en territorios reservados a la autoridad, menos puede esperarse eficacia para perseguir criminales en las calles o abatir el delito en la lucha contra las drogas.
La resignación con la que autoridades de todos los niveles hablan del autogobierno y violencia de las prisiones en manos de mafias es claudicación política. Pero los operadores de la política prefieren denostar a El Bronco por inexperiencia y por la falta de respaldo “político” de los independientes, que construir consensos para reformar las prisiones.
En el Congreso está congelada una ley nacional de ejecuciones penales que mejore las condiciones de gobernabilidad en las cárceles, aun cuando saben que están rebasadas por corrupción y delito. Así lo reconoció el presidente del Senado, Barbosa, cuando fue la fuga de El Chapo. ¿Qué pasó desde aquella histórica evasiva del penal de alta seguridad?
La buena política permite rendir cuentas y sancionar a responsables de masacres como la de Topo Chico. El Bronco enfrenta la prueba más dura en sus primeros cuatro meses de gobierno y debe una explicación, pero ¿quién responde de la parálisis de esa ley hace más de un año en el Senado? ¡Fuenteovejuna! O de haberse ignorado advertencias desde 2013 de la CNDH sobre la “bomba de tiempo” de las prisiones de Nuevo León por sobrepoblación y corrupción.
La mala política es la que acepta que Topo Chico no es más que un artefacto descompuesto por la corrupción y el hacinamiento dentro del mayor campo de minas que está por explotar en muchos otros penales, como si la pudrición del sistema penitenciario fuera un destino inevitable e ineluctable. Para mejorar las prisiones hay que cambiar, primero, la mala política, como también muestran otras experiencias como la de Ciudad Juárez.
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