Por Álvaro Conrado Pérez Aquino
El caso de os 43 estudiantes secuestrados, levantados o privados de su libertad, aquel 26 de septiembre, estudiantes en Ayotzinapa del Estado de Guerrero, sigue dando de qué hablar y mucho. Solo un cadáver debidamente identificado y probado por ende que fue sacrificado y quemado en algún lugar del Estado de Guerrero, se cree que fue en el basurero municipal, lo que debidamente no está probado.
El Licenciado Jesús Murillo Karam, procurador General de la República en el momento de los hechos, ha sido enfrentado y cuestionado por un nuevo grupo de especialistas en el tema de la prueba pericial, teniendo estos como datos fundatorios las investigaciones de la propia Procuraduría General de la República y el dictamen de sus peritos en Criminalística.
Murillo Karam, luego de una explicación exhausta que, según él dio al país en Cadena Nacional, afirmó para concluir: “esta es la verdad histórica”, verdad y termino legal que utiliza el Código y la doctrina Penal a las actuaciones llevadas a cabo en etapa de investigación por la autoridad Ministerial.
Su informe, como digo, ha sido confrontado con el emitido por el Equipo argentino de Antropología Forense (EAEF), organización de especialistas y activistas, cuya principal labor es buscar desaparecidos de la dictadura Argentina y que ahora, con el caso Ayotzinapa, han sido requeridos para emitir su dictamen en tercería prácticamente, han resuelto que no existe posibilidad que los estudiantes, en un solo acto, hayan sido incinerados en el basurero de Iguala la fecha de los acontecimientos. Que no existen posibilidades materiales para establecer su veracidad.
De igual forma, el grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) es coincidente en ese sentido, por lo que concluyen en forma negativa a la afirmación del exprocurador General de la República, a quien exhiben de inepto e irresponsable en un asunto tan delicado.
Pero en respuesta a estas posturas, la Procuraduría General de la República ha replicado que ambos grupos lo que buscan son más confrontaciones, tan solo con lo dicho de la verdad histórica, sin contribuir al verdadero esclarecimiento de los hechos es decir, los tacha de juicios tendenciosos y conclusiones radicales, en el sentido subversivo de la discusión, no de un análisis jurídico.
Pero a la postre, ambos grupos son formados por personas expertas, especialistas, no de un solo caso, ni de un solo lugar, los eventos que han abordado a lo largo de su vida ha sido expansivo a varias naciones y por diversos eventos, lo que les hace considerarlos, grupos de profesionales serios y responsables.
Ahí, los tres criterios, que muchos conocemos a fuerza de tanta publicidad, que hasta se antoja propaganda y botín político. Creer o no creer en nuestras instituciones es, creo yo, tener certeza de su veracidad, de la verdad que pregonan y la seriedad de sus conclusiones, con hechos, quiero decir. Convencer a los padres de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad mexicana en general, que las instituciones mexicanas dicen la verdad.
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