Arturo Rueda/Tiempos de Nigromante/Diario Cambio
El caso Paulina Camargo luce más enredado que nunca y la investigación, oficialmente, se encuentra en el mismo punto muerto que hace cinco meses: la Fiscalía General de Estado no encuentra el cuerpo de la jovencita, pese a que lo buscó por cielo, mar y tierra. El joven José María Sosa sigue en la cárcel, hundido por una supuesta confesión bajo tortura, enfrentando un proceso por falsedad de declaraciones —del que podría haber obtenido una caución— y otro proceso por homicidio calificado y aborto, aunque no hay cuerpo del delito. En estos casi seis meses, Víctor Carrancá es el único que ha mejorado su posición, pues con su designación como fiscal amarró chamba por otros siete años.
Oficialmente, la investigación no tiene avances, aunque extraoficialmente sí. Ayer, CAMBIO publicó que Paulina Camargo no murió la noche del 25 de agosto y que ya fue ubicada en Monterrey, tanto por la Fiscalía General del Estado, como por la familia de la muchacha. La simple publicación que hubiera merecido pasarla por alto o un mediano desmentido, provocó un vendaval desde la oficina de la Fiscalía, que recurrió a desmentidos radiofónicos desde temprana hora, y luego a plumas oficiales a sumarse al coro de la negativa, además del envío de sendas cartas aclaratorias que son publicadas conforme a la ley.
Víctor Carrancá, sin embargo, es desmentido por al diputado panista Franco Rodríguez, que en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoció que sí existe la línea de investigación en la que Paulina Camargo se encuentra viva y radica en un estado del norte del país. ¿Entonces, sabe más un diputado que el fiscal Carrancá o todo es una comedia de enredos?
El cuadro de la suspicacia lo completan los padres de Paulina Camargo, legítimamente interesados en descubrir la verdad, pero sorprendentemente solapadores de la negligencia de la Fiscalía para encontrar a su hija, viva o muerte. En el extremo de lo absurdo, incluso agradecieron ayer vía Twitter el “apoyo” de la Fiscalía para liberar un comunicado que negara la ubicación de Paulina en Monterrey, lo que echaría por tierra la versión del homicidio calificado cometido por José María Sosa. ¿Desde cuándo la Fiscalía “apoya” con comunicados?
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