Jorge Rodríguez Corona/A Puerta Cerrada/El Sol de Puebla
Quiero comenzar con un extracto del informe que hace apenas unos días publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acerca de la corrupción en nuestro país.
Bajo el título: “Índice de Percepción de la Corrupción 2015, vía Transparencia Internacional”, el texto decía lo siguiente:
“México se encuentra en la posición 95 de 168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional. La calificación que obtuvo fue de 35 sobre 100 puntos, en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100, percepción de bajos niveles de corrupción.”
“Este índice se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público y examina aspectos como el gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la justicia.”
Ahora quiero compartir con ustedes un resumen del artículo que dedicó el periódico español El País a este mismo tema:
“México es el país más corrupto de los 34 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el índice de la Percepción de la Corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, México se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores económicos.”
“Diversos estudios de Transparencia Mexicana, quien también colaboró en la elaboración del índice, prueban que la corrupción”, atención con esto, “es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo, como salud, educación, seguridad y justicia.”
“El análisis elaborado por Transparencia Mexicana resalta que, a pesar de que en 2014 y en 2015 el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, ha sido imposible que dichos cambios tengan un efecto positivo en el Índice de Percepción de la Corrupción.”
Por último, citando a Transparencia Mexicana, termina con una reflexión que nos atañe a todos los que estamos en este foro: “México sólo podrá mejorar su calificación en este índice si se implementan las reformas en materia de transparencia y anticorrupción y”, además, “muestran ser eficaces.”
Así está nuestro país, con todo y sus 32 entidades federativas, entre ellas Puebla.
Ustedes se preguntarán, o me preguntarán, “qué tiene que ver la corrupción con la transparencia”, que es el tema que nos reúne este día.
Tiene que verlo todo.
La corrupción, principalmente la que existe en el sector público, es la causante de impunidad, de anarquía, de falta de valores, de antidemocracia, pero principalmente, es la causante de la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y sus gobernantes.
En años recientes hemos sido testigos del aumento en la exhibición de los escándalos de corrupción en los sectores privado y público, y dentro del sector público, en todas sus áreas.
Como acusa María Amparo Casar en su libro: “México: anatomía de la corrupción”, gobiernos y funcionarios de todos los colores partidarios y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado.
La permanente exposición de estos hechos ilícitos, que durante muchos años solo se suponían pero que ahora son visibles gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, ha profundizado la crisis de credibilidad entre la sociedad y el Estado.
Tenemos un país enfrentado a sí mismo.
Por un lado, gobernantes y autoridades caminan aisladas, sin la colaboración de los ciudadanos para la ejecución de las políticas públicas que se diseñan en solitario desde un cómodo escritorio de oficina.
Y por otro, una sociedad en franca apatía con los asuntos de interés común, pocas veces o nunca dispuesta a sumarse a los esfuerzos de la clase gobernante, a la que ve como la causante de sus males, de sus rezagos e incluso de su pobreza.
La corrupción ha llevado a la pérdida de confianza.
Basta ver la sobrevaloración que se le ha dado a las candidaturas independientes para entender que los ciudadanos de a pie nada quieren ver con los gobernantes tradicionales.
Por supuesto que los partidos políticos están incluidos en la crisis.
¿Qué se esperaba si justo de ahí han emanado los gobernantes?
De los partidos políticos, de todos, brotan personajes empáticos y generosos en campaña que después se transmutan en lo que ya conocemos.
Por eso Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador del estado de Nuevo León, se ha convertido en toda una leyenda nacional, porque aun con un pasado partidista que no lo muestra tan independiente representa la esperanza de millones de mexicanos por un futuro sin partidos políticos ni gobiernos tradicionales.
Yo dudo que eso pase, pero el fenómeno evidencia la inconformidad social, el descontento de la gente con aquellos que toman las decisiones sin escucharla y que hacen lo que quieren con los recursos públicos.
Aquí viene el cuestionamiento clave:
¿Todo está perdido?
¿No nos queda más remedio que cruzarnos de brazos, dejar las cosas como están y seguir cayendo al vacío?
Yo creo que no.
Si así fuese, no estaríamos hoy aquí en este esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Transparencia, de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado y de las legislaturas federal y local.
Todos tenemos mucho que hacer.
Y qué hay que hacer.
Restaurar la confianza.
Justine Dupuy, coordinadora del programa de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar. Centro de Análisis e Investigación, expone que la transparencia es una piedra angular de un sistema democrático moderno, entendiendo como transparencia el flujo de información pública del gobierno hacia los ciudadanos.
“Sin la aportación de información gubernamental fiable y creíble al debate público”, sentencia la especialista, “será imposible que el gobierno reconstruya la confianza y la legitimidad que ha perdido.”
Eso es muy cierto.
La apertura y la rendición de cuentas por parte de gobiernos y organismos públicos son esenciales para reconstruir la confianza y legitimidad perdidas.
Apertura y rendición de cuentas se sintetizan en transparencia.
Y la transparencia tiene en el Derecho a la Información, consagrado además en el artículo 6º Constitucional, su principal herramienta.
Entonces tenemos que el acceso a la información de interés público, la información gubernamental, la que nos tiene que transparentar qué es lo que se hace con cada peso del presupuesto, con cada peso de nuestros impuestos, es esencial para la democracia y para reencausar a nuestro país y a nuestro estado de Puebla, para restaurar la confianza.
Corresponde a los legisladores construir y perfeccionar el engranaje jurídico que permita a los ciudadanos ejercer el pleno derecho de acceso a la información pública.
Es su obligación.
O debería serlo.
A los órganos garantes, como el INAI y la CAIP, les toca velar por el cumplimiento de ese engranaje convertido en leyes y reglamentos, defender el derecho ciudadano de acceso a la información y no al revés, como muchas veces sucede, que defienden la secrecía en favor del gobierno y hasta litigan en contra del acceso a la información.
A los ciudadanos nos toca seguir presionando para contar con un mejor sistema de transparencia y rendición de cuentas.
El proceso de armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con las leyes estatales en materia de transparencia, lo que nos tiene aquí sentados, es un buen momento para encaminarnos hacia esa reconciliación entre sociedad y gobierno.
Hagámoslo.
La Ley General promulgada el 5 de mayo pasado por el presidente Peña Nieto ha tenido un buen recibimiento entre los analistas.
Aun así, en Puebla podemos superarla.
Señores diputados, recojan opiniones de la gente que sabe, de las universidades, de los colectivos, de las asociaciones de derecho a la información y de las organizaciones no gubernamentales que tienen un largo historial pugnando por la transparencia.
Superemos el miedo.
El reto es generar confianza en el ejercicio gubernamental para proteger a las instituciones democráticas.
Al final, el resultado nos favorecerá a todos.
*Resumen correspondiente a la participación del autor en el foro denominado Gira por la Transparencia, que se celebró el viernes 5 en el salón de seminarios del Complejo Cultural Universitario.
Para mayor información:http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/o_elsoldepuebla.htm
