Por José Buendía Hegewisch
Un par de buenas noticias de esta semana es la actuación de la sociedad civil para evitar que el gobierno envíe el combate a la corrupción y la Reforma Educativa al desván de los recuerdos.
El reto de sus organizaciones es cada vez más un desafío para los altos márgenes de discrecionalidad que conserva el gobierno. Sus iniciativas elevan el grado de exigencia para que la autoridad rinda cuentas de sus actos, aunque el desbalance de poder deriva en espacios abiertos a la impunidad. El saldo de ese desequilibrio es un malestar con nuestra democracia.
La decisión de la SEP de modificar la prueba Planea y la postergación de la evaluación docente generaron airada reacción de organizaciones civiles. Mexicanos Primero criticó al secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, que la medida relaje el nivel de exigencia de la Reforma Educativa por motivos políticos. También, hubo cuestionamientos a la autonomía del INEE por avalar la actuación de la SEP, a pesar de que la evaluación es competencia suya.
La rapidez de la respuesta da cuenta del papel de la sociedad civil en la vigilancia de movimientos que puedan dañar la transparencia y la rendición de cuentas de la Reforma Educativa si se pone al servicio de una candidatura presidencial. Las razones presupuestales o la falta de variaciones significativas de resultados en un año, no convencieron para dejar de ver esto como una maniobra para ganar tiempo hasta después de las elecciones de junio, o esperar que mejoren en beneficio de las aspiraciones políticas de Nuño, notorias por su exposición mediática desde que llegó a la SEP. En cualquier caso, en la crítica radica en el escrutinio hacia la acción gubernamental. Su ejercicio es buena noticia para el funcionamiento de contrapesos al poder.
La otra nota positiva es la iniciativa #3de3 contra la corrupción, que varias organizaciones presentaron para recabar 120 mil firmas que permitan llevarla al Congreso. Aquí, la intención es adelantarse a la congelación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso y las muestras del Ejecutivo de querer preservar zonas de opacidad y mantener sus responsabilidades lejos del alcance de la justicia. Con un ínfimo porcentaje de delitos castigados, menos de 5% según el Índice de Impunidad Global México, la exigencia de rendición de cuentas del gobierno es casi inverosímil.
Pero la baja incidencia de sus acciones no descredita las causas, y más bien ponen de relieve la reticencia del gobierno a reducir su opacidad y discrecionalidad a pesar de presumir reformas legales como la de transparencia. Pero, sin la aplicación efectiva de la ley y la persistencia de zonas oscuras para ocultar la corrupción, la capacidad disuasiva de la sociedad civil es limitada.
No obstante, la decisión de mantener abierta la discusión a través de iniciativas ciudadanas, el reclamo sobre la educación o por la violación de derechos humanos crea espacios de exigencia hacia el poder. Gracias a éstos, la falta de respuestas a los problemas o la tentación de simular soluciones acaba por dejar costos en la erosión de la imagen y confianza hacia la autoridad.
En la década pasada los mexicanos expresábamos una creciente satisfacción con el avance de la democracia electoral y sus instituciones, pero el desbalance de poder, que en el fondo revela la impunidad, ha dado paso al enojo y a la queja. Desde un lado, el malestar con la democracia es también una buena noticia como expresión del crecimiento de la sociedad civil y el mayor peso que tienen sus acciones en el humor público y el margen de maniobra de la autoridad. Ojalá.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
