Adriana Bustamante / Edmundo Velázquez /Periódico Central
Por séptima ocasión el gobierno del Estado de Puebla fue incapaz de llevar a cabo el desalojo del fraccionamiento El Refugio, invadido por miembros de Antorcha Campesina desde el 2011.
La administración morenovallista ha tolerado la invasión de los antorchistas al predio valuado en poco más de 49 millones de pesos, ubicado en la prolongación de la 16 de Septiembre en la zona sur de la ciudad.
Desde 2011, el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha negado a acatar un total de seis órdenes judiciales para desalojar a las 500 familias antorchistas que ilegalmente se apoderaron de 92 casas y 76 predios para ocuparlos como viviendas. Esta mañana se sumó una orden más a la lista debido a que el actuario encargado de la diligencia admitió que no se tuvo el estado de fuerza necesario para el desalojo.
Fuentes dentro del Gobierno de Puebla y la Policía Estatal indicaron a CENTRAL que para el desalojo se exigió la presencia de todos los efectivos de la corporación a las 4:30 de la madrugada de este miércoles en la base de la capital del estado.
Al lugar acudieron al menos 500 uniformados y fueron trasladados a la zona del Hospital General del Sur para llevar a cabo el desalojo, sin embargo no fueron suficientes para la diligencia.
No se llevó a cabo el desalojo en virtud de que había una orden judicial, sin embargo no llegaron ni estibadores, ni cargadores para realizarlo; hubo oposición por parte de las personas que se encontraban en la colonia, en virtud de que había un número muy importante y la fuerza pública asistió pero a consideración del juzgado y del actuario no era posible llevarse a cabo por el riesgo que implicaba y porque ni había las condiciones materiales para poder desalojar”, comentó al respecto Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública en el estado.
Como CENTRAL informó la invasión ocurrió en enero de 2010 cuando alrededor de 200 integrantes de Antorcha Campesina armados con palos, piedras y machetes, se apropiaron del predio que es propiedad de un grupo bancario.
En ese entonces los paracaidistas amagaron a los vigilantes y trabajadores de la construcción, forzaron las chapas de las viviendas recién concluidas y se instalaron en la zona. En el despojo, los integrantes de Antorcha Campesina, que lidera Aquiles Córdova, se apropiaron de 92 casas con un valor de 417 mil pesos cada una, que en total suman 38 millones de pesos, y de 76 lotes.
CENTRAL tuvo acceso al expediente del caso en el que se constató que desde mayo de 2011 el Juez Séptimo de lo Penal, Miguel Ángel Hernández Jiménez, ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, entonces encabezada por Ardelio Vargas, el desalojo de los antorchistas.
Desde entonces se han girado un total de 7 órdenes al gobierno morenovallista para retirar a los ciudadanos que ilegalmente viven en el predio. Esta mañana el actuario encargado del expediente canceló la diligencia debido a que todos los efectivos de la Policía Estatal que se encontraban presentes no aseguraban un desalojo pacífico.
Para mayor información:http://www.periodicocentral.mx/2015/gobierno/falla-septima-orden-de-desalojo-contra-antorchistas-gobierno-desiste-por-falta-de-policias
