Por Jorge Santamaría Colula

Casos como Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingan o Tanhuato han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en el país, poniendo a prueba a las instituciones, incluida la CNDH.

Así los señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, durante el Informe Anual de Actividades 2015 que dio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Lo anterior porque en estos casos las instituciones gubernamentales de estos tres estados no respondieron a las demandas ciudadanas.

Afirmó que estos casos son complejos y aún se atienden, pues su esclarecimiento exige trascender el nivel de la mera denuncia, para llegar a resoluciones integrales que estén sustentadas en elementos concretos que se desprendan de una investigación científica de los hechos.

Con respecto a Iguala, el ombudsman nacional puntualizó que “es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente”.

En el año 2011 –dijo– se aprobó la reforma Constitucional en materia de derechos humanos y enfatizó que para el 2016 se debe de implementar de forma efectiva en todos los poderes y autoridades de los órdenes de gobierno.

González Pérez señaló que los problemas que se enfrentan en el ámbito de los derechos humanos, no se pueden asumir como una “normalidad” sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción.

 

 

Las cifras en materia de derechos humanos

El año pasado, la CNDH registró un incremento del 12 por ciento, respecto al 2014, de expedientes ya que recibió 27 mil 867, de los cuales 9 mil 980 correspondieron a quejas propiamente dichas, 8 mil 252 fueron orientaciones directas, 9 mil 003 remisiones y 632 inconformidades.

Las denuncias que se presentaron con mayor frecuencia durante el 2015 fueron: prestación indebida del servicio público, con 3 mil 152; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, mil 871; omitir proporcionar atención médica, mil 697; detención arbitraria, 879; así como el trato cruel, 663.

Y en menor medida se registró a las acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes con 602 casos; negligencia médica, 490 casos; omitir fundar el acto de autoridad, 481; omitir motivar el acto de autoridad, 452; y prestar indebidamente el servicio de educación, 431 casos.

En el año pasado aumentó en 12 por ciento el número de expedientes iniciados por la CNDH y se concluyeron 25.5 por ciento más que en 2014, afirmó González Pérez.

Las autoridades presuntamente responsables de la violación a las garantías individuales fueron: el IMSS, con 2 mil 185 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con mil 308; la Policía Federal, con 783; la PGR, con 761; el Issste, con 705; el Instituto Nacional de Migración, con 688; la Sedena, con 620; la SEP, con 548; la Semar, con 373; y la CFE, con 316.

Resaltó que aún falta trabajar la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; las leyes de los artículos 29 y 33 constitucionales; la armonización normativa para el matrimonio igualitario así como para que los organismos de derechos humanos sean autónomos.

Cabe mencionar que los derechos humanos violentados, así como las recomendaciones fueron diversas, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, entre otros.

 

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