Por José Buendía Hegewisch
La Reforma Política del DF ya fue promulgada y ahora sigue elegir al constituyente que hará la primera Constitución de la Ciudad de México. Se trata del más importante cambio institucional en la historia.
Los capitalinos estrenarán hasta nuevo gentilicio, aunque lo ven como un asunto lejano y en el debate sus preocupaciones podrían pasar a segundo término tras los intereses de los partidos. La mayoría no sabe cómo mejorará su vida y si se traducirá en un nuevo pacto social para atacar problemas de la convivencia como la corrupción, inseguridad o la falta de movilidad, o será un proceso burocrático.
La gente se pregunta por qué los depósitos de vehículos resuman de clientes y los policías parecen actuar por cuotas de consigna, pero son ineficaces contra el delito y el crimen; el nuevo Reglamento de Tránsito los expone a mayor extorsión. Les preocupa que la movilidad esté al borde del colapso, no sólo en la ciudad, sino también en el área metropolitana; están enojados nueve de cada diez personas por multas de tránsito de primer mundo y salarios bajos o desempleo. Se resiente la especulación del suelo, con niveles de corrupción difíciles de tolerar e inseguridad rampante en los municipios colindantes del Edomex. La ciudad necesita redefinir el rumbo de crecimiento, ¿ésta es una oportunidad? ¿Cómo la autonomía mejorará la calidad de vida?
La reforma constitucional aprobada en el Senado y la mayoría de los congresos locales modificará la naturaleza del DF, pero no se cumplirá la vieja demanda del estado 32 porque no toca el artículo 115 sobre las competencias y la soberanía municipal. Las delegaciones se convertirán en alcaldías con cabildos que sirvan de contrapeso a los jefes delegacionales, pero sin las facultades que en otras entidades tiene el nivel de gobierno más cercano al ciudadano.
El compromiso es que la Constitución entre en vigor el 5 de febrero de 2017. El INE organizará las elecciones para la Asamblea Constituyente en menos de cinco meses y luego los 60 diputados electos junto con otros 40 designados por el Congreso, Peña Nieto y Mancera definirán el tipo de instituciones para la capital. Pero el corto tiempo limitará la amplitud y la participación de las discusiones. ¿Facilitará la reforma construir una gobernanza metropolitana? La reforma política pone fin a 191 años del DF, pero la autonomía por sí misma llega tarde y es insuficiente para abordar sus problemas comunes con los estados del centro del país.
Además, sus primeros escarceos no han sido por la confrontación de proyectos sobre su futuro, sino por la representación en la Asamblea Constituyente entre Morena y el PRD. ¿Cuáles son los proyectos para la ciudad? Poco se conocen. La actual ALDF tendrá un papel central en la definición y contenido de la Constitución, entre los constituyentes habrá diputados independientes. Sobre todo, el tema que más preocupa es la participación de las organizaciones civiles y en general de la ciudadanía para dar legitimidad a la nueva Constitución y evitar que sea sólo el producto de un grupo de notables.
Pero el alumbramiento de un nuevo estatus jurídico y de una Constitución local puede ocurrir sin aprovechar la oportunidad para debatir públicamente lo más importante: ¿cuáles instituciones necesita la ciudad y cómo imaginamos su futuro? Hasta ahora el proceso responde más al interés partidista que a sus necesidades. Se atiende más a los cálculos electorales que definir ¿a dónde va esta urbe?, en la que —como desde hace medio siglo— su destino lo modelan proyectos que le impone el desarrollismo y el negocio urbano, como ahora el nuevo aeropuerto, en vez de la planeación ordenada que garantice su viabilidad.
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