Por Gustavo Santín
Que tan sólo el 71.8 por ciento de los y las docentes y el 71.3% del personal directivo que labora en educación secundaria posea grado de licenciatura — como se muestra en el cuadro: “Perfil laboral de los docentes de educación secundaria nacional y por tipo de sostenimiento (2013-2014)” (Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2014. Educación Básica y Media Superior), elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)– evidencia que el manejo patrimonialista de las “plazas”, en años de las administraciones encabezadas por el Partido revolucionario Institucional (PRI), permitió que personal docente, calificado ahora como no “idóneo”, se desempeñara como personal docente en escuelas públicas a pesar de las medidas instrumentadas por diversas administraciones, entre ellas titulación expedita, establecida en el “Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 1974, y desarrollados en el Acuerdo No. 3646, publicado en el mismo medio el 2 de abril de 1975” y el Acuerdo 252 que autorizara en 1999 un proceso similar.
Traducido a números absolutos, las cifras resultan alarmantes. En el ciclo escolar 2015-2016, tan sólo en el estado de Puebla “más de 18 mil docentes de educación básica, es decir, cerca de 25 por ciento de los 70 mil mentores de preescolar, primaria y secundaria, carecen de título y cédula profesional de nivel licenciatura” (Jaime Zambrano, http://goo.gl/NtAAUO), situación que se reproduce en el contexto nacional y que se refleja, nota del diario Milenio, en señalamientos que muestran que “113 mil 61 docentes (28.2 por ciento) tienen una licenciatura trunca o son pasantes, pero aun así imparten clases a alumnos de secundaria.” (http://goo.gl/uG5hGM).
Incorporados a las cruzadas nacionales para combatir el analfabetismo (85% de la población en 1921), factor determinante para el crecimiento de la escuela rural mexicana, estudiantes imbuidos por el fervor del momento abandonaron sus estudios y se incorporaron como docentes “habilitados” a las escuelas públicas. Defendieron incluso con su vida la educación socialista establecida en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1936), sufrieron persecuciones a manos de la iglesia católica por intermedio de grupos de cristeros, fanáticos religiosos “que destruían escuelas y libros de texto, asesinaban, mutilaban y ultrajaban a maestras y maestros rurales.”
Habilitados por los gobiernos de Cárdenas, Ávila Camacho, Ruiz Cortines y López Mateos (Plan de Once Años), quienes tenían la posibilidad de hacerlo como docentes, contratados por el gobierno, asumieron la tarea de instruir a campesinos, obreros y trabajadores de un creciente sector dedicado a la prestación de servicios marginados de los servicios educativos.
Objetos de atención a partir de 1945 a través del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) formado por Jaime Torres Bodet, los “habilitados” fueron incorporados a diferentes opciones de titulación mediante la realización de estudios que incluían una “Escuela por Correspondencia y la Escuela Oral” (http://goo.gl/Cp3yxV), cursos intensivos, sabatinos, y más adelante, mediante la asignación de un horario escolarizado para los que se encontraban en condiciones de asistir diariamente a las escuelas (por un lapso de seis años) y un incremento salarial para los docentes aprobados.
De carácter transitorio, inicialmente adquirió el rango de permanente en 1958, “desaparece para ser sustituido (1971) por la Dirección General de Capacitación Mejoramiento Profesional del Magisterio (Dgcmpm)” organismo que orienta sus actividades a la “actualización” toda vez que “en 1971 se da por cumplida la tarea de formar profesionalmente a los docentes de educación primaria” (http://goo.gl/mPpdQ1).
Reconocer que uno de cada tres o uno de cada cuatro docentes en servicio carece de grado académico para ejercer la profesión implica reflexionar sobre que hacer y como generar condiciones para que quienes así laboren cambien su condición y cumplan con los requisitos indispensables para hacerlo, más allá de un acuerdo “Fast Track” tomado por autoridades educativas, como pretenden, que permitiera acabar administrativamente con el conflicto.
Pero, también significa reconocer que si aún en 1999, el “acuerdo número 252 por el que se expedirá título profesión al a quienes hayan cursado los estudios que en el mismo se indican”, signado el 20 de enero de 1999 por Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación Pública de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, otorgara una “nueva” oportunidad para obtener el grado para quienes seguían laborando en esa condición, algo pasó que a 16 años de publicado el decreto, el problema persista, a pesar de que las escuelas formadoras de docentes en 1987, alcanzaran la cifra 802 (básica 403, licenciatura 399) y de que el número de egresados de esas instituciones era suficiente para satisfacer la demanda de educación preescolar, primaria y secundaria cubriendo con personal que tuviese los requisitos de grado académico y título profesional exigidos.
Ese “algo que pasó” podría explicarse por el manejo clientelar de las plazas que reportara pingues ganancias políticas y monetarias (llegaron a cotizarse en 180 mil pesos las de tiempo completo), responsabilidad ineludible de las autoridades educativas.
Requirió de una complicidad de alguien quien proponía a los candidatos para cubrir el 50 por ciento de las plazas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la autoridad, los secretarios de educación federal y de las entidades -o quienes les representaban-, que signaban los nombramientos y las órdenes de adscripción y quienes adicionalmente asignaban de manera discrecional el otorgamiento del 50 por ciento de los nombramientos que les correspondían. El contubernio entre el SNTE y autoridades educativas aún tiene consecuencias funestas.
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