Por Alejandra Olivera
La organización Cholula Viva y Digna buscará un encuentro con la directora general del INAH, María Teresa Franco González, para frenar las obras entorno a la Pirámide de Cholula; asimismo, demandará al edil Leoncio Paisano Arias.
Así lo dio a conocer el activista Adán Xicale Huitle quien agregó que la orden de San Juan de Dios sigue defendiendo el expsiquiátrico.
Comentó que sus solicitudes de información al Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos (Capcee) les han sido negadas, pues argumentan que a raíz del amparo 40/2015 de la hermandad de “Los Juaninos” –quienes estaban a cargo del exhospital– el gobierno del estado reservó la información de las obras por 7 años.
“No hay planos, no hay autorización, no se sabe qué se va a hacer, sólo estamos viendo que están echando tierra, poniendo lajas y flores, pero no hay nada”.
En ese tenor, señaló que las obras siguen sin los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuya directora no les ha dado audiencia, por lo que en próximos días acudirán a las instalaciones de la Ciudad de México, acompañados de fiscales de los barrios y pueblos de Cholula y del párroco de San Pedro Cholula, Miguel Viveros Téllez, para denunciar las obras que está haciendo el gobierno de Puebla en la zona arqueológica.
Trabajan en demanda contra comuna de San Andrés
En tanto, el también abogado informó que se encuentran elaborando la demanda contra el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, por el encarcelamiento “injusto y arbitrario, basado en acusaciones falsas” de policías y funcionarios municipales, por las cuales fue encarcelado durante 14 meses junto con su hijo Paul Xicale Coyopol.
Mencionó que esperan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación por violación a las farantías individuales, y con ello, sustentar la demanda por daño moral contra el ayuntamiento sanandreseño.
Respecto a los amparos promovidos por la organización para defender la zona arqueológica –informó– que fueron desechados por un juez federal bajo el argumento de que ninguno de los 800 amparistas tiene personalidad jurídica, toda vez que no son propietarios de predios del área protegida.
Foto: Ángulo 7