Por Gustavo Santín
Aurelio Nuño Mayer, encargado del despacho educativo de la administración de Enrique Peña Nieto, anunció con bombo y platillo, “ahorros” extraordinarios por una cantidad cercana a los mil millones de pesos, equivalentes tan solo al 3.27 por ciento del presupuesto de egresos de la federación 2016 destinados al rubro educación (Ramos Administrativos, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, http://goo.gl/4347qW), derivados de la suspensión del pago de salarios que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza por intermedio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), a “los cerca de dos mil 200 comisionados sindicales”.
Sin duda y así visto, la medida tomada por Nuño Mayer sería plausible, respondería a una demanda largamente acariciada por grupos de la sociedad civil que responderían a intereses diversos, desde la extrema derecha hasta la disidencia magisterial (representada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) y que incluso merecería el calificativo de “triunfo ciudadano”, con que la bautiza la organización Mexicanos Primero AC. patronato, que crecido ante el resultado de la acometida del gobierno central, demanda que la medida se amplíe al personal docente comisionado en las secciones sindicales que agrupan a maestras, maestros y a personal de apoyo y asistencia a la educación de carácter estatal (https://www.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=457591), si no fuera por las repercusiones negativas que tiene para el personal docente y de apoyo a la educación.
Mal necesario, los comisionados sindicales son un instrumento utilizado por los interesados para vencer las vicisitudes impuestas por una burocracia ineficiente enquistada en las dependencias educativas y en los órganos desconcentrados con los que tienen relación.
Lo mismo enfrentan posturas autoritarias asumidas por el personal directivo de los centros de trabajo, que gestionan licencias con o sin goce de salario en favor de sus compañeros, cambios de centro de trabajo ahora bajo la potestad de las autoridades educativas en turno y están pendientes para que se asigne, en lo posible, de manera correcta la carga de trabajo, denuncian el mal servicio -y las negligencias médicas- con “que presta” la seguridad social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (Issste) y sus correspondientes en las entidades y están atentos para que se atienda a quienes por desgracia tienen la necesidad de acudir a los servicios médico-hospitalarios, tramitan hojas de préstamo ordinario y extraordinario, esas que el propio Aurelio, en el papel de máximo comisionado sindical, plantea usar como si fuese un estipendio extraordinario otorgable a quienes obtuviesen las calificaciones más altas en la pasada evaluación al desempeño docente, auxilian a sus compañeros y compañeras ante conflictos con otro tipo de autoridades de otras esferas y niveles de gobierno, están alertas para que se otorguen sin distinción los permisos por superación académica que las autoridades educativas cuando no tienen contrapeso, otorgan de manera clientelar al margen de las convocatorias, suplen las deficiencias con las que se desempeñan los imberbes funcionarios nombrados a discreción por el o la titular del despacho educativo sin previa evaluación de ingreso, quien presuponiendo malas mañas del personal tradicional pretende suplirlo con personal de su confianza aún y cuando el beneficiario de la encomienda sea ignoren en el desempeño de las funciones que les asignan.
Admirable que Aurelio se preocupe por recuperar, para el erario, un monto que en adelante deberá ser cubierto por quien requiera del servicio del personal que le represente ante diversas autoridades mediante la figura de cuotas sindicales, pero sería loable que iniciase por casa, frenara el dispendio financiero y que fincase responsabilidades, incluido a él mismo, por el uso y abuso de recursos públicos asignados a programas fracasados, como el de Inclusión Digital y Alfabetización Digital por mencionar sólo uno y por la contratación excesiva de personal “de confianza” que cobra por honorarios.
Y aunque las comparaciones resulten odiosas, los ahorros por los mil millones de pesos, superiores tan sólo un 25 por ciento a los 750 mil millones de pesos que en 2014 destinó la SEP a la compra de computadoras y laptops, pero menores en un 73% al costo de “3,763 millones 869,669 pesos para adquirir 240,000 laptops y 1 millón 669,864 tabletas para niños de escuelas públicas” que la administración emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destinase en 3 años de gobierno, a un programa fracasado (http://goo.gl/mVWwYj) que ni fomenta la inclusión ni la alfabetización digital y tampoco elevara el nivel educativo de niñas y niños de cuarto y quinto año de primaria.
Medida discriminatoria por aplicarse sólo a un gremio al margen del resto de los titulares de las organizaciones que representan a los trabajadores al servicio del Estado en sus figuras de centralizado, desconcentrado y/o paraestatal, violatoria de derechos humanos por ser una medida aplicada de manera excluyente, herencia del corporativismo instrumentado por el Partido Revolucionario Institucional y sus “gobiernos revolucionarios”, transgresora de las prestaciones derivadas de usos y costumbres reconocidas por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (Anmeb) que el gobierno federal reconoce cuando le conviene, la aplicación de lo plasmado en el artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente parece responder más a una extensión de la venganza política en contra de un gremio que promovió la libre afiliación a cualesquiera de los partidos políticos y que abandonó las filas del Revolucionario Institucional.
Enfrentado con un sector magisterial, que no acepta la reforma educativa y la aplicación de una evaluación punitiva, mediante las que se conculcan derechos adquiridos, la medida anunciada por Nuño pretende ser un golpe de timón, mediático, que oculte la incapacidad del encargado del despacho y sus colaboradores para dirigir el sistema educativa. El título de secretario le queda grande.
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