Por Gustavo Santín
A las críticas vertidas a través de ponencias, detracciones, incluidas las pronunciadas en las sedes legislativas, medios masivos de comunicación y redes sociales, por académicos, investigadores del quehacer educativo, políticos, politólogos, formadores de opinión pública, sindicatos y agrupaciones de maestros y maestras, personal docente afectado por las evaluaciones instrumentadas por la Secretaria de Educación pública (SEP), en contra del carácter limitado de la reforma educativa instrumentada por la administración de Enrique Peña Nieto, titular del ejecutivo federal, se suma ahora la de Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien expresaría, versiones difundidas por Radio Universidad, periódicos y revistas como Proceso (http://www.proceso.com.mx/?p=423023) que, a su juicio, la reforma educativa instrumentada por la presente administración se remitiría sólo a “una reforma en la forma de contratación de los profesores y evaluación de ellos”.
Seguramente Arturo Nuño Mayer, encargado del despacho educativo de la administración peñanietista en tareas de precandidato presidencial, lo sabe. La reforma educativa centrada hasta ahora en las evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción, se encuentra en un punto álgido, al borde del fracaso total, tras la militarización de los eventos de evaluación al desempeño docente en diferentes entidades -entre ellas Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas-, el encarcelamiento de más de medio centenar de normalistas y trabajadores y trabajadoras de la educación, la persecución mediante órdenes de aprensión de un número indeterminado, pero creciente de indiciados por la supuesta comisión de diverso delitos, realizados en los eventos de protesta, de acuerdo a los señalamientos de autoridades locales y federales, el progresivo número de maestros fallecidos al calor de las protestas, el rechazo de personal docente a las evaluaciones a las que califican como punitivas, los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad pública que “garantizan el derecho de los docentes a ser evaluados” y organizaciones gremiales, entre ellos contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo mismo que con personal docente que no se identifica con ninguna de las centrales mayoritarias.
Aurelio sabe que a más del descredito internacional al que arrastra al gobierno con sus acciones patibularias, su futuro político se encuentra en entredicho y sus aspiraciones presidenciales pueden fenecer antes de que florezcan, conoce que la oposición magisterial a la evaluación crece aun entre aquellos que de manera programada o improvisada se han visto forzados a presentarla y que si el gobierno al que representa, no resuelve las diferencias por la vía del diálogo, los conflictos pueden crecer hasta convertirse en una bola de nieve que arrastraría a quienes representan a las instituciones.
Graue Wiechers sintetiza el pensamiento de muchos de los que se oponen a la reforma educativa cuando señala: “esperamos ver la verdadera reforma educativa pronto. ...(Falta ) reformar la educación (..) modelos educativos, contenidos, materias, eso es lo que es una reforma educativa y está por verse. Es el paso que sigue” (http://www.proceso.com.mx/?p=423023). Sin embargo, a pesar de los anuncios de Nuño Mayer al respecto, la definición del modelo educativo, la reforma a planes y programas de estudio para las escuelas de educación básica y media superior y la reestructuración de las escuelas normales siguen pendientes, empero los “21” foros regionales y nacionales, que se habrían realizado entre el 7 de febrero y el 22 de mayo del 2014. Convocados por Emilio Chuayffet Chemmor, ex titular de la oficina encargada del despacho educativo en los primeros dos años y 9 meses del actual gobierno lo foros pretendían definir un modelo educativo que respondiera a las aspiraciones y necesidades de los mexicanos.” (http://goo.gl/jh1AAO), que garantizara, señala el documento, la educación de calidad estipulada en las modificaciones al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Objeto de un reto a debate nacional que lanzara la CNTE al titular del despacho educativo, a celebrarse el día 13 de diciembre del 2015 en el Auditoria Nacional, la convocatoria 2014 para quienes, de entre la sociedad civil, quisiesen participar en la formulación de un nuevo modelo educativo destaca la necesidad para que éste se elabore “acorde a la diversidad y complejidad del país y a las exigencias de la sociedad del conocimiento”, centrado en el alumno, “para que sea parte activa en su proceso de aprendizaje.”. La invitación reconoce cambios en el proceso educativo, “nuevas condiciones sociales, tecnológicas, económicas,” que modifican “las características de los alumnos, y llevan a un fortalecimiento de la función y las competencias profesionales de los docentes.”, que en consecuencia “conducen a la revisión de la educación normal, y de sus métodos y formas de enseñanza” (http://goo.gl/jh1AAO).
¿Qué estudiar y cómo hacerlo, en qué condiciones y con qué instrumentos, con qué materiales y con qué laboratorios, cuál sería el papel de los y las docentes en un nuevo contexto, de los padres y de las madres de familia, cuáles serían las obligaciones de los y las estudiantes, cómo, cuándo y dónde evaluar el actuar de las autoridades y de sus personeros en el sector educativo, la función de los legisladores que se prestan a cumplir con los caprichos de organismos internacionales y de asociaciones civiles locales interesadas en concretar pingues negocios, las condiciones en las que los y las docentes prestan sus servicios, sus competencias y el acompañamiento que les brinda la burocracia que domina los asuntos educativos, el papel de los medios masivos de comunicación y de las televisoras y como corregir las deficiencias que se presentaran durante el proceso? Vaya que existe material para discutir cuestiones educativas más allá de una evaluación secuestrada.
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