Por José Buendía Hegewisch
La aprobación al vapor de iniciativas en el Congreso, entre mercadeo y cortinas de humo, deja resultados mediocres, cuando no simulación, aunque los partidos prometan un paraíso de beneficios.
La desconexión de sus agendas con los intereses de la ciudadanía remarca el distanciamiento de la clase política. ¿Cuál es su agenda y sus prioridades? ¿Pensionissste o las zonas económicas especiales a cambio de la Reforma Política del DF? ¿La desindexación del salario y el madruguete de la mínima alza? ¿Cuál es el peso del Ejecutivo o de la protesta de Morena?
El presidencialismo hizo que el gran legislador de facto fuera, por décadas, el Ejecutivo. Con la alternancia, el poder dividido trajo parálisis legislativa, pero también dejó la política de cuotas y el trueque de reformas con Fox y Calderón: obstáculo para una agenda coherente del Congreso, el cual Peña Nieto logró superar con el consenso de la agenda del Pacto, aunque su cancelación y la mayor fragmentación política ahora devuelven a la alianza coyuntural el cálculo electoral y el intercambio de favores. La desarticulación de la agenda también debilita al Congreso ante la fuerza centrífuga de poderes económicos, como mostró el apagón analógico.
El discurso antipolítico parece no calar en las cúpulas partidistas, que se saben hoy piezas insustituibles en el arreglo democrático, a pesar del malestar e irritación por el bajo crecimiento, la inseguridad o la pobreza. Ante los temas que más preocupan a la gente, se conducen con indiferencia y, en cambio, revisten sus intereses de amenazas y promesas infundadas.
Por ejemplo, la reforma del salario mínimo ofrecía abrir la puerta para recuperar el poder adquisitivo, estancado en las últimas tres décadas, pero la expectativa se esfumó con un sorpresivo anuncio de alza de 2.94 pesos, un 4.2%, similar a años anteriores. El prometido estado 32 para modernizar las instituciones del DF y mejorar la vida de sus habitantes, se redujo a una limitada autonomía, que fortalece el poder del Ejecutivo local y una Constitución que sirva a éste para hacer campaña hacia 2018. Las iniciativas de seguridad y justicia de Peña Nieto otra vez quedaron en la “nevera” legislativa y una de sus propuestas más importantes, las zonas económicas especiales, está en espera de trueque para salir del Congreso. Junto con la reforma a Pensionissste, vapuleado por la protesta y la propaganda electoral.
La crisis de pensiones es un tema socialmente sensible, porque 60% de los mexicanos carece de seguridad y, en las condiciones actuales, los que tienen cobertura sólo recibirán un 30% de su sueldo al jubilarse. Una reforma de menor calado para mejorar la operación y rentabilidad de Pensionissste, provocó la mayor confrontación en el Congreso con cruce de acusaciones de “vendepatrias” y “corruptos”. Una guerra sin conflicto que, además, no entra a la revisión del sistema de pensiones, aunque se congelará en el Senado para “discutirse a fondo”. Nadie atiende el déficit de 227 mil millones de pesos de las pensiones en universidades e instituciones de educación superior que, según Moody’s, es “insostenible”.
La demanda de perfiles en la Corte a la altura del reto de construir un Estado de derecho se desahogó sin recuperarse la confianza en el nombramiento de nuevos ministros y evitar el reparto de cuotas. Antes, la promesa de un presupuesto “base cero” para eliminar programas sin resultados, se evaporó en una confección inercial del gasto público y un recorte ante la caída del ingreso petrolero.
En cambio, el periodo se cierra con una votación unánime y festiva para crear la Secretaría de Cultura, reciente iniciativa del Ejecutivo que consiguió imponerse rápidamente en la agenda. Sobre todo concluye con la duda de haberse aprendido nada del voto de castigo a los partidos en las pasadas elecciones y de la cada vez más difícil gobernabilidad del país.
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