Por Marco Rovira
El domingo pasado, la Ciudad de México fue escenario de un ejercicio de urbanismo democrático que debe sentar precedente a nivel nacional sobre cómo se toman decisiones en materia de transformación del espacio público.
Las alarmas se encendieron una vez que se supo que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, planeaba realizar una mega obra conocida como el “Corredor cultural Chapultepec“. Dicho proyecto se proponía, entre otras cosas, la construcción de una gran área comercial a lo largo de un tramo considerable de la avenida Chapultepec, y espacios de la zona rosa. Este corredor contaría, además, con la construcción de un segundo piso peatonal.
La versión oficial argumentaba —como siempre suele hacerse en estos casos—que se trataba de una obra que redundaría en beneficios generales para la población. La realidad es que el proyecto beneficiaba descaradamente a la iniciativa privada, los desarrolladores y comerciantes, quienes desde hace años han hecho del espacio público su objeto de especulación, siempre en contubernio con las autoridades locales encargadas de dar permisos para sus proyectos.
La Ciudad de México ha sido una de las principales víctimas de esta forma de urbanismo salvaje que depreda cualquier espacio posible en el afán de hacer negocio. A los desarrolladores no les importa si esto implica generar mayor contaminación, depredar el medio ambiente, volver más caótica una colonia o avenida, arrebatar un espacio público de convivencia a la sociedad, o encarecer los servicios; su fin último es hacer negocio y el gobierno lo permite -beneficiándose económicamente muchas de las veces, a través de la corrupción que anida en las instituciones encargadas de regular el espacio público-.
Las consecuencias de esta forma de desarrollo son hoy evidentes en esa urbe, donde trasladarse a los centros de trabajo –o a cualquier otro lugar– puede requerir horas de paciencia en el tráfico; donde el aire suele tener altos niveles de contaminación y cada vez hay menos áreas verdes; donde constantemente hay atropellados o accidentados y menos banquetas o cruces seguros, y donde, en general, alcanzar una buena calidad de vida es cada vez más difícil y costoso para la mayoría de sus habitantes.
El tema del espacio público es uno de los más sensibles para la ciudadanía que habita en las grandes urbes. La ciudad es un espacio que está constantemente en movimiento, que crece, y que tiene problemas y necesidades específicos que surgen continuamente; por lo tanto, el desarrollo urbano tiene que estar guiado por la intención de solucionar esos problemas y necesidades, no solo en el presente, sino también adelantándose a futuro, haciendo participe a los afectados o involucrados. Las grandes ciudades que logran hacer esto son las que pueden ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes.
En México, lamentablemente, este tema ha quedado de lado desde hace años, y al espacio público se le ha visto comúnmente como una oportunidad más de hacer negocios, o proyectar grandes obras que sean redituables en términos de imagen pública para los políticos.
En este sentido, lo acontecido el pasado domingo 06 de diciembre es símbolo de que las cosas empiezan a cambiar, ya que cada vez existe una mayor conciencia sobre la necesidad de construir ciudades eficientes y agradables donde se pueda vivir en armonía.
Cabe destacar, sin embargo, que si al final se realizó la consulta ciudadana en la cual ganó el “No” al proyecto del “Corredor Cultural Chapultepec”, fue porque la misma sociedad exigió que así fuera el proceso. Gracias a la preocupación, indignación y protesta activa de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de colonos, académicos, y ciudadanos de a pie, se pudo poner un freno a las ambiciones desmesuradas de empresarios y políticos, lo que demuestra que la participación de la sociedad es esencial para poder incidir en el desarrollo de políticas públicas y que, de haber una buena organización, los resultados pueden ser positivos para las mayorías, como sucedió en este caso.
Vale la pena terminar estas líneas diciendo que la Ciudad de México no es la única urbe del país que padece por este desarrollismo mal planeado y corrupto. Valdría la pena, entonces, que en Puebla tomemos nota del asunto y empecemos a cuestionarnos más sobre qué se hace con nuestro espacio y en favor de quién o quiénes, particularmente ahora, que la presente administración ha mostrado su gusto por transformar sensiblemente la ciudad, construyendo puentes aquí y allá, pasos a desnivel, ruedas de la fortuna, teleféricos, y otras tantas obras que a los poblanos nos han costado millones de pesos y que, en más de un ejemplo, no parecen resolver problemas actuales ni futuros, sino más bien dar publicidad al gobierno y, en el peor de los casos, hacer de esta una ciudad más caótica y con menos espacios públicos.
La decisión de qué tipo de ciudad queremos no es algo que solo compete a empresarios y políticos, sino que por el contrario, debe tener en cuenta la opinión de sus habitantes, siendo este un verdadero ejercicio de urbanismo democrático e incluyente, como el ejemplo que nos dio este fin de semana la Ciudad de México.
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