Por Tania Damián
El Congreso local transformó la PGJ en Fiscalía de Justicia y aprobó por mayoría que el procurador Víctor Carrancá Bourget sea su titular por 7 años. El PRI pidió que se reservara el artículo transitorio que establecía ello, pero fue rechazado.
Antes de que iniciara la sesión ordinaria de este miércoles, el diputado priista y líder municipal del tricolor, José Chedraui Budid, señaló que su partido no estaba de acuerdo con el nombramiento de Carrancá Bourget, cuando se abordó el punto, solo el legislador Pablo Fernández del Campo pidió una reserva respecto a la designación, pero la misma no fue aprobada por la mayoría.
Chedraui Budid había señalado que el PRI se iba a apostar por la existencia de una lista de 10 nombres para designar al fiscal y de ahí que el Poder Ejecutivo escogiera a tres, de quienes el Legislativo escogiera al titular, pues argumentó que “Carrancá Bourget ha dejado mucho que desear, por su forma de proceder, ya que hay casos donde se han encarcelado a personas sin pruebas reales”.
PRI pide reserva, pero ni siquiera la argumenta
Reiteró que estaban de acuerdo con la creación de la nueva Fiscalía de Justicia, pero no con el nombramiento del actual procurador. Sin embargo, la coordinadora de los legisladores del PRI, Silvia Tanús Osorio, tuvo una opinión diferente y avaló la designación porque “así lo establece la ley federal”.
Durante la sesión el PRI ya no hizo ningún pronunciamiento y sólo Fernández del Campo mencionó lo de la reserva sin dar una mayor explicación al respecto. Antes de la votación de dicho tema, el diputado panista Jorge Aguilar Chedraui pidió un receso de 5 minutos, el cual se prolongó más de 20 minutos y en ese tiempo, diputados conversaron al parecer sobre dicho tema.
Únicamente, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña Hidalgo, votó en contra de dicha reforma constitucional, al argumentar que el Congreso tuvo la posibilidad de abrir el proceso para la designación del Fiscal General. En tanto, 40 diputados votaron a favor del dictamen.
La reforma fue a los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Constitución de Puebla. Finalmente, se acordó mandarla a los 217 Cabildos para que una vez que se aprobada por al menos el 50 por ciento de los mismos, se publique en el Periódico Oficial del Estado y se ponga en vigor.
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