Por Juan Carlos Lastiri
En México, de acuerdo con los últimos datos de pobreza del Coneval en 2014, había 4.1 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza y un millón de ellos en pobreza extrema. En materia de vivienda, casi un millón de personas con discapacidad no contaban con acceso a servicios básicos, mientras que 3.3 millones habitan viviendas sin calidad y espacios adecuados. De hecho podemos decir que casi medio millón de personas de este grupo social habitaban en viviendas con algún tipo de hacinamiento.
El reto, entonces, para nuestro país es mayúsculo dado que los datos nos muestran que las personas con capacidades distintas son quienes enfrentan más restricciones para el ejercicio de sus derechos y esto, no sólo en la dimensión de su espacio habitable sino también con restricciones de movilidad en su entorno de ciudad, de localidad.
La inclusión, entonces, es un tema necesario en la agenda pública para tener un país con igualdad en todos los ámbitos. Ser incluyente implica generar estrategias para el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad y debe ser una prioridad y una realidad. En este sentido fundamental es lograr su derecho a la movilidad y al acceso a espacios habitables con los equipamientos necesarios para elevar su calidad de vida.
Es por esto que uno de los compromisos de la Política Nacional del Presidente Enrique Peña Nieto es hacer efectivo el derecho a la ciudad y a la vivienda de calidad, cercana a los centros de trabajo, con opciones de movilidad y con un enfoque incluyente.
Y, atendiendo a este compromiso, la Sedatu y sus organismos sectorizados en coordinación con instancias como la Comisión Nacional para la Discapacidad (Conadis), están incentivando políticas, programas y esquemas dirigidos a canalizar recursos que permitan a las personas con discapacidad y a sectores vulnerables obtener una solución de vivienda que responda a sus necesidades.
Acciones como una estrategia de comunicación incluyente y accesible para difundir reglas de operación de los programas de Sedatu para atender a un mayor número de personas con discapacidad, indígenas y adultos mayores; el impulso al establecimiento de estándares, a través del Código de Edificación de la Conavi, que faciliten la calidad, seguridad y aspectos de inclusión de personas con discapacidad en las construcciones que se realicen a nivel nacional; hasta el diseño de un Plan Nacional de Accesibilidad que propicie políticas públicas en la planeación de metrópolis incluyentes, seguras, resilientes y sustentables, son parte de lo que se hace para tener ciudades y viviendas incluyentes.
La visión del Gobierno de la Republica es no invertir en bienes sino invertir en las personas, empoderarlas para que se conviertan en agentes de cambio, en sus hogares y sus localidades.
Es necesario garantizar a todos, entonces, el acceso a edificios, carreteras y transporte, a instalaciones como escuelas, centros de salud, lugares de trabajo y servicios de información y comunicación, en general es indispensable que la ciudad se vuelva incluyente para potenciar la productividad de las personas con discapacidad a la vez que, se logra generar espacios habitables para el bienestar de este grupo social. Nuestro país avanza para materializar, así, un capítulo más de prosperidad, progreso y justicia cotidiana para quienes más lo merecen.
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