Por Gustavo Santín
Qué lástima que se requiera del uso ilegítimo de la fuerza, para garantizar que cuatro mil doscientos docentes convocados “ejerzan su derecho a ser evaluados”, como peregrinamente repite Arturo Nuño Mayer, encargado del despacho educativo de la que, sin duda, será calificada, al tiempo, como una de las peores administraciones públicas del México moderno.
Qué disgusto causa el leer, en este y en otros muchos casos, que el gobierno federal y las administraciones locales recurran al uso de la fuerza sobre la inteligencia, cuando se trata de resolver conflictos de diferente naturaleza contrarios al interés de la sociedad.
Qué lamentable que se requieran más de dos policías federales, uno municipal y/o estatal y un soldado, 18 mil en total, para “proteger” a los sustentantes, argumenta Nuño, de la violencia, que en su contra pudiesen ejercer los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que dirige la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Qué triste que se desperdicien recursos transportando por aire y en autobuses especiales a maestras y maestros examinandos, en prevención a posibles bloqueos de carreteras que impidieran que los interesados acudieran a la sede ubicada en la Ciudad Administrativa en la ciudad de Oaxaca.
Qué lástima que sedes, únicas para la evaluación del desempeño docente, evidencien la incapacidad del gobierno para cumplir las metas de innovación tecnológica que tanto pregonan, y no apliquen la prueba en las regiones en las que vive el personal docente ¿deseoso? de ser examinado.
Qué mal que Aurelio, secundado por Gabino, secuestre mediante el abuso de la fuerza pública, a una entidad y a su ciudad capital Oaxaca, impida el tránsito por las carreteras, limite las garantías individuales y los derechos de los gobernados, establezca un Estado de Sitio virtual, sin existir ninguna declaratoria de Enrique Peña Nieto, titular del ejecutivo federal, ni la venia del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, ni alguno de los considerandos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para suspender las garantías individuales. Qué pena que se confine al personal docente en lastimosos alberges para esconderse de sus compañeros.
Qué mal que quienes respondieran al llamado de la Nuñocracia tuviesen que pasar por cuatro filtros y fueran vejados mediante revisiones en cuatro ocasiones, antes de ingresar al bunker de la ignominia, en el que finalmente serian evaluados.
Qué deplorable que personeros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano y del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, avalen las acciones de fuerza emprendidas por Aurelio Nuño en contra de quienes se oponen a la aplicación de una reforma laboral de excepción. Qué lástima que, a pesar de que subordinados (Ramiro Reyes Retana) de Nuño Mayer, lo mismo que autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), señalen que el examen sería en todo caso, una de cuatro variables que serían consideradas para dictar la nota final, el encargado y suspirante presidencial se regodee señalando que quien no presente el examen será despedido del encargo.
Qué deplorable que medios de comunicación, incluidas televisoras y periódicos, presenten como un éxito la asistencia de sólo el 60 por ciento de las maestras y los maestros convocados a la evaluación del desempeño docente, ignorando al resto y que recurra, según denuncian voceros de la CNTE, a incluir “cachirules” sustitutos de maestros y maestras.
Qué perverso que el gobierno federal infiltre, como lo señalan dirigentes de la CNTE, a encapuchados para culpar a maestras y maestros por los enfrentamientos, desórdenes y desaguisados acaecidos el sábado 8 de noviembre. Qué malo que la propaganda oficial señale que el personal docente que apruebe un examen tendrá asegurada su plaza por los próximos cuatro años, cuando cuenta ya con derechos adquiridos a pesar de serles conculcados por los miembros del tribunal supremo
Garantía supuesta de la mejora de la calidad de la educación que el Estado -y quien lo administra- debe prestar a niñas, niños y jóvenes, la evaluación al desempeño docente se ha convertido en el elemento central de la disputa entre el magisterio, que siente afectados sus derechos laborales adquiridos, y el gobierno de la República, que la prioriza por sobre todos los componentes que rodean al proceso de enseñanza aprendizaje.
Dotada de un elemento mágico por las autoridades, es considerada como un parteaguas que cambiaría el destino de las generaciones que ahora cursan y las que cursarían en tiempos venideros, estudios de educación básica y los de media superior, ignorando que el personal que labora para la Secretaría de Educación Pública, poco podrá hacer si no cuenta con las herramientas adecuadas; planes y programas acordes a los requerimientos del México que se quisiera, formación continua y capacitación de maestros y maestras en funciones, especialización docente en todas las ramas del conocimiento incluidas las ciencias naturales y sociales, las bellas artes (literatura, poesía, música, teatro, pintura, escultura) la educación y cultura física, la educación para la salud (física y mental) que son propias de una educación integral siempre pregonada por los burócratas de la educación pero ignorada por falta de recursos presupuestales en los planteles escolares, infraestructura adecuada incluidos talleres, laboratorios, auditorios, salas de cómputo, agua, luz, sanitarios, conectividad a Internet, materiales didácticos indispensables, bibliotecas y salas de lectura escuela por escuela.
Nuño se equivoca, a pesar de un discurso libertario a favor de maestras y maestros oaxaqueños a quienes pretendiera librar del yugo de la CNTE y de la campaña mediática que le muestra propenso al diálogo con “los maestros”, cercano a los “niños”, a los padres de familia y a las escuelas, en los hechos se enfrenta con el magisterio y frente a quienes disientes, adopta una postura de fuerza propia un dictador. Nuño por el bien del país, debe irse del encargo que le diera Enrique Peña Nieto.
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