Arturo Rueda/Tiempos de Nigromante/Diario Cambio
La guerra en la cúpula del poder priista no es una broma. El enfrentamiento entre la nomenklatura y el gobierno de Enrique Peña Nieto —descrito en la columna de ayer— vive una escalada con la ejecución pública de Arturo Escobar, el número dos del Partido Verde, luego de que la PGR decidiera solicitar una orden de aprehensión en su contra.
¿Motivo? Delinquir electoralmente para que la alianza PRI-PVEM obtuviera la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede explicarse lógicamente esto? ¿Cómo el hermano mayor le da un coscorrón a su hermano menor, a quien invariablemente necesita para la disputa de las próximas 13 gubernaturas? ¿Quién sale perdiendo con este sacrificio?
Siguiendo la correa de transmisión del poder, es ingenuo pensar que un ministerio público de la Fepade decidió solicitar una orden de aprehensión contra el número dos del Partido coaligado al PRI sin informar a su jefe Santiago Nieto Castillo, quien a su vez tampoco informó a su jefa la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien a su vez tampoco informó a su jefe el presidente Enrique Peña Nieto, quien a su vez, había aprobado la incorporación a la Segob del susodicho Arturo Escobar como premio a sus servicios electorales, los cuales, irónicamente, lo tienen al borde de la cárcel.
Visto así, parece una persecución de Viruta y Capulina.
Pero ahora viene lo peor.
Para recompensar los invaluables servicios del partido Verde, el presidente Peña Nieto decidió pagar ante la opinión pública el costo de la designación de Escobar como subsecretario de Prevención del Delito. Más de tres meses duró el golpeteo contra el personaje de mala fama, sin que nadie se planteara su remoción. Pero ahora, el gobierno federal paga el doble peaje de su renuncia, motivada por una investigación penal de la PGR por… ¡delitos electorales cometidos en la campaña que el PRI ganó de la mano del Verde!
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