Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la llamada Ley anti Bronco de Puebla exhibió los excesos del Congreso local y del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, pero no se puede considerar que sea un avance democrático, ya que la resolución abre la puerta a los candidatos independientes, pero no así a los candidatos ciudadanos, que carecen de estructuras políticas y presupuestos para alcanzar el registro de contendientes en una elección de gobernador del estado.
Al dejar intacta la SCJN el requisito de que se deben presentar unas 125 mil firmas de apoyo, que equivale al 3 por ciento de la lista nominal de ciudadanos, para que alguien se registre como candidato a gobernador, sigue siendo una limitante para que realmente en Puebla pueda surgir un contendiente a la titularidad del Poder Ejecutivo que esté al margen de los intereses de partidos o grupos políticos.
De ahí es donde surge la diferencia entre un candidato independiente y un candidato ciudadano. El primero es un contendiente que compite sin el registro formal de un partido, pero apoyado por grupos políticos con estructuras y presupuestos, tal como pasó con Jaime Rodríguez “el Bronco” en Nuevo León.
En cambio, un candidato ciudadano sería un miembro de la sociedad civil, que estaría al margen de los grupos políticos que tradicionalmente dominan la lucha electoral. Algo así como lo fue Alberto Merlo, un estudiante de la Ibero que se postuló este año a diputado federal por un distrito de la ciudad de Puebla o José Pedro Kumamoto Aguilar, quien logró una curul en San Lázaro y es originario de Jalisco, luego de que contendió con el apoyo social de su demarcación y sin la ayuda de ninguna fuerza política.
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