Por José Buendía Hegewisch
Después del año horrible para el saldo en la confianza de las instituciones, la clase política se encamina a perder nuevas oportunidades de responder con políticas y testimonios diferentes a los problemas del país, por ejemplo, en el Presupuesto 2016.
En la negociación, crece la exigencia de elevar la pobreza y la desigualdad al primer plano de prioridades del gasto público, al tiempo que reducir el financiamiento millonario a los partidos y, en general, de los privilegios de los poderes como mensaje de solidaridad con el empobrecimiento nacional. Sin embargo, no hay señal de que puedan ir más allá de las inercias, a pesar del derrumbe del ingreso petrolero. Tradición y rutina, la propiedad de mantener el cuerpo político en reposo, que no se mueve ni con la fuerza del descrédito.
Ofrecen promesas de transparencia y anticorrupción al oscurísimo gasto de los poderes y prefieren no ver la incontrovertible multiplicación del dinero a partidos; pensar en nuevos edificios para el INE y éste solicitar 15 mil 473 millones de pesos para 2016, superior al 60% del IFE hace seis años; esta institución “no es la de hoy” en burocracia y mayores funciones, mientras está fuera de duda que el ingreso se encuentra en los niveles de hace 30 años.
Con estas brechas no basta hablar de desigualdad o sólo atribuirla a la falta de crecimiento, sino también dar testimonio de ella, como, dijera el papa Francisco sobre la Iglesia: “No se puede hablar de pobreza y vivir como faraones”.
En los próximos días se votará el primer paquete económico con presupuesto a la baja de lo que va del siglo y con reducciones también históricas en inversión pública, a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno ha hablado de apretarse el “cinturón” en un contexto de crecimiento recortado, y hasta llegó a ofrecer un presupuesto “Base Cero”. Pero el recorte en el gasto no tocará a los poderes Legislativo y Judicial, tampoco al INE y a los partidos. Saben que éste es un momento para enviar una señal clara de cohesión y solidaridad con los programas sociales, pero prefieren poner los ojos en las 13 elecciones estatales de 2016 o en los servicios personales, que incluyen salarios de legisladores, magistrados, ministros y jueces.
Y no se trata de la fórmula fácil de pensar en acabar con la pobreza, con la austeridad y recorte de salarios de los funcionarios, sino de reducir los privilegios con la precariedad del empleo y la pérdida del poder adquisitivo. Pero eso no está en su mundo posible, lo desestiman y aún confían en el poder de las palabras y los discursos para conjurar el enojo hacia ellos y el derrumbe de su imagen en la aprobación ciudadana. Incluso, reaccionan contra el “populismo presupuestal”, que crea falsas expectativas de solución a los problemas, aunque, al mismo tiempo, la deuda se dispare por arriba de 40% del PIB y el Banco de México acumule ganancias con el tipo de cambio de las reservas.
Un grupo de 60 organizaciones civiles pidió en el Congreso colocar a la pobreza y la desigualdad como prioridad “número uno” del presupuesto, para romper la lógica de estancamiento e incluso retroceso de todos los indicadores sociales contra la tendencia incremental a los recursos de los partidos.
Algunos legisladores recurren a Change.org para lanzar campañas en favor de reducir a la mitad los recursos a la clase política. En los próximos días, habrá filas de afectados en la Cámara de Diputados de instituciones como el Inadem, pues el recorte la obligará a dejar de apoyar a más de 140 mil mipymes, que representan más de 300 mil empleos. ¿Cuál es la efectividad de la exigencia y la presión? ¿Qué fuerza podrá mover el pesado cuerpo político?
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
