Por Miguel Hernández @mikereportero
En Puebla, hay 17 activistas presos, 122 procesados, 66 órdenes de aprehensión libradas y 21 por verificarse, así como siete muertos por acciones represivas del gobierno estatal, señaló el Comité para la libertad de los presos políticos.
Dentro del foro que llevó a cabo dicha organización, que se constituyó hace más de un año, la directora del mismo, Carolina González Barranco, presentó un informe de los sucesos que han registrado en agravio de la libertad de expresión y derechos humanos en lo que va del gobierno estatal.
Asimismo, dio a conocer que 22 estudiantes fueron detenidos mediante acusaciones infundadas por ser críticos al gobierno estatal o federal.
Indicó que por todo ese tipo de situaciones que han visto en los casi cinco años de la administración estatal de Rafael Moreno Valle Rosas, fue que se creó el comité por investigadores, académicos, estudiantes e integrantes de la sociedad civil.
Expuso dentro del foro realizado en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, que a quienes han sido detractores del gobierno y han sido denunciados, se les imputan delitos sin sentido, como es el robo de un celular, hasta hechos graves, como la conspiración o el motín, que pueden significar penas hasta de 60 años de prisión.
Familias de presos, empobrecidos por procesos judiciales
En el caso de los que han sido detenidos o encarcelados ha implicado no solo un desgaste moral sino económico para las familias, en cuestión de trámites de amparos con el pago de abogados o fianzas que van desde los 10 mil hasta 500 mil pesos.
Respecto a los fallecidos, recordó que dos de ellos fueron Delfino Flores Melga, quien fue detenido y murió en prisión, tras ser acusado de encabezar a un grupo de fundadores de la colonia Ampliación Xilotzoni, en un terreno de 17 hectáreas que son reclamadas por los empresarios Luis Flores Carpenter y Alejandro Flores Pastrana.
El otro fue Antonio Víctor Montes, procesado por el enfrentamiento en Chalchihuapan, quien fue liberado después, pero que los familiares acusan que murió por secuelas físicas y emocionales.
“Los otros dos muertos fueron en el marco de la contienda electoral del año pasado, otros dos por críticas a las políticas del estado y la muerte del niño cJosé Luis Tehuatlie Tamayo”, apuntó.
González Barranco expresó que el gobierno está lejos de generar políticas públicas y en lugar de ello, construye obras monumentales.
Al encuentro asistieron familiares de los que llamaron “presos políticos” Rubén Sarabia “Simitrio” y de los Xicale, Adán y Paul, padre e hijo, estos últimos por participar en la defensión del patrimonio en torno a la pirámide de Cholula.
En ese foro, Marcelo Chalreo, consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Gobierno Abogados de Brasil, quien se comprometió a llevas los casos de “presos políticos” a la Asociación de América de Juristas
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