Por Gustavo Santín
Cierto que para Aurelio Nuño Mayer, titular del despacho educativo de la administración de Enrique Peña Nieto, los caminos del diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen linderos trazados.
Los derroteros transitarían, según su dicho, por los caminos “implementación de la reforma educativa y respeto a la ley”(http://goo.gl/Kfu1C9), y según su hecho, por la aplicación de descuentos a quienes no asistan a laborar por asistir a algún evento de protesta en horas de trabajo, la amenaza de cese a quienes por la misma causa acumulen tres faltas en un mes que aplicaría lo mismo para los que no participen en la evaluación diagnóstica y la confinación en la cárcel a trabajadores y trabajadoras de la educación “presuntos” implicados en la comisión de delitos.
Innegable también, que la CNTE tras aceptar el dialogo (que originalmente demandaran), refrendara su rechazo a la reforma educativa y a la evaluación (http://goo.gl/2OlJQN), y exigiera la liberación de quienes considera tienen la categoría de presos políticos y se movilizara en contra de la reforma educativa, lo mismo en horas de labor que en su tiempo libre.
Pero, mientras las partes en conflicto, gobierno y grupos de la sociedad civil persisten, el primero en imponer una reforma que a todas luces centra sus “objetivos de mejora” únicamente en el personal docente y los segundos, maestros y maestras “de banquillo”, insisten en rechazar una reforma a la que tildan de tener un carácter estrictamente laboral y persecutorio, con la intervención de un tercero en discordia podrían, las partes, construir una agenda que permitiera avanzar en la construcción de un modelo educativo nacional que cubriera las expectativas de los diferentes grupos y sectores de la sociedad interesados en la materia.
Tendrían que iniciar con todo aquello que diputados federales de la anterior legislatura, senadores de la República y congresos estatales dejaron de lado. Preguntarse ¿educar, para qué?, ¿reformar la educación, con qué propósito? Y, en todo caso, definir mediante un procedimiento de consulta popular, ampliamente democrático, qué proyecto de Nación deseamos construir los mexicanos del siglo XXI y en consecuencia definir el modelo educativo que permitiera cumplir con los objetivos que nos propusiéramos.
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emanado de la Constitución de 1917, tras reconocer que la enseñanza sería libre “pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares” y gratuita la educación que se imparta en las escuelas oficiales, señala enfáticamente que “Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”, establece como norma que los particulares interesados en impartir educación “sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial”.
Las reformas al artículo 3 y a la fracción XXV publicadas el jueves 5 de diciembre de 1934 establecen que “La educación que imparta el estado será socialista”, excluirá toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo, “organizará” la enseñanza de forma “que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de a tal la vida social”, establece por vez primera como potestad exclusiva que “La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado”, refrenda la condición de gratuidad y adiciona la obligatoriedad para que mexicanos y mexicanas cursen la educación básica y establece la concurrencia entre los diferentes niveles de gobierno.
La Reforma del 309 del 3 de diciembre de 1946, establece “Artículo 3.- La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en el, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”, sostiene como principio el mantenerla ajena a “cualquier” credo o doctrina religiosa, mantiene la lucha contra el fanatismo, la ignorancia y la servidumbre y basa su enseñanza en los “resultados del progreso científico”, mantiene la gratuidad y la obligatoriedad, establece como criterios que además de luchar contra fanatismos, la educación “a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;” y señala que será nacional, fomentará “la defensa de nuestra independencia política” y contribuirá con la mejora de la “convivencia humana”, con el aprecio por la dignidad de la persona y con “la convicción del interés general de la sociedad,”.
Sin duda un proyecto de nación traería aparejado un modelo educativo y en la discusión sobre ¿qué, cómo y cuándo hacerla y fundamentalmente como instrumentarla?
Sin evadir cuestiones como la formación continua de maestras y maestros y la evaluación integral de sistema incluidas autoridades, burocracia, personal docente, materiales educativos, métodos de enseñanza e infraestructura, la discusión tendría que abordar cuestiones vinculadas con los principios que debería tener un modelo educativo “a la mexicana”, contextualizado, que privilegiara las condiciones que tienen los mexicanos en lo particular, sin descuidar la unidad de la nación, que diseñara una pedagogía basada en experiencias nacionales y aportes de corrientes y teorías educativas acorde con los intereses de niñas, niños y adolescentes -puerilidad le llaman los expertos-, en la que se fomentara por encima de valores individuales, los que promueven el interés general de la sociedad y de la comunidad. Un dialogó sobre cual es la reforma que querrían y requerirían, que no se centre en fomentar el odio hacia el magisterio.
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