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martes, octubre 27, 2020

Crímenes de inocentes: la justa reparación del daño

Por Verónica Mastretta

Escribí hace poco acerca de la ausencia de la reparación del daño a los familiares de tres de las víctimas de la noche de Iguala: el adolescente que venía de jugar futbol, la señora que iba pasando en un taxi y el chofer del camión de los deportistas.

No cabe duda que en cada crimen hay condiciones específicas y cada reparación del daño será distinta, pero cuando en los crímenes intervinieron autoridades de algunos de los tres niveles de gobierno, actuando de manera tipificada como criminal, o hubo negligencia de parte de las mismas, la reparación del daño debería de ser ejemplar, expedita e incuestionable.

La mamá del chico de 15 años, hasta hace un mes, no había sido contactada por ninguna autoridad estatal o municipal del estado de Guerrero, ni por ninguna otra autoridad. Hay daños que son irreparables, pero la ley es clara en marcar que debe darse una reparación del daño en dinero. Es la única manera de sancionar a quien cometió un crimen con alevosía y ventaja, peor aun cuando fue la autoridad actuando contra civiles absolutamente inocentes.

Aunque el dinero no devuelva la paz a los deudos, en casos muy específicos si resuelve la difícil situación en que quedan los hijos o dependientes económicos de las víctimas. Además lo marca la ley y las autoridades deberían de ser las primeras en cumplirla. 

En el caso de los dos hermanos, Rey David y José Copado, linchados en Ajalpan, municipio del estado de Puebla, los errores y negligencia de las autoridades estatales y municipales están más que señalados. Si bien la reparación del daño original deberá ser impuesta a los responsables directos del linchamiento, además de los años de cárcel a los que se les sentencie en su momento,  también cabría una reparación de parte de las autoridades poblanas.

De parte del municipio habría que revisar puntualmente las actuaciones de toda la cadena de mando, pero hasta donde sé, el presidente municipal primero hizo su trabajo de constatar que los hermanos eran encuestadores, pues se comunicó con la empresa que los había contratado, la cual corroboró que sí eran sus empleados; la autoridad municipal, también hasta donde se ha publicado,  trató de defenderlos en la medida de sus fuerzas.

Ya para las tres de la tarde de entonces, un grupo de pobladores se mostraba sumamente agresivo, exigiendo que les entregaran a los dos jóvenes, por lo que el presidente municipal decidió  pedir  ayuda  por lo menos cuatro horas antes de que los crímenes fueran consumados. Ajalpan está a no más de media hora de Tehuacán, la segunda ciudad más importante de Puebla, y por lo mismo hay un destacamento importante de la policía estatal. Además, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con helicópteros. Por razones que aún no logro comprender, quizás porque no las han dado, la ayuda nunca llegó. 

En cuanto a las fuerzas públicas de Ajalpan, por lo menos los policías municipales defendieron hasta el límite de sus fuerzas a los dos hermanos. Cinco horas lucharon contra la turba, defendiendo a las víctimas adentro del palacio municipal, subiéndolos al primer piso, y luego resistieron hasta la azotea, en donde a un comandante y dos policías heroicos, materialmente la turba les arrebató de las manos a las dos víctimas. El comandante, por cierto, salió severamente lastimado tratando de cumplir con su deber. Los tres se merecen un reconocimiento pues, aunque no hayan podido salvar a los jóvenes, sin lugar a dudas se estaban jugando también la vida.

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El pueblo alega que los dos hermanos debieron ser llevados al ministerio público y no a la presidencia municipal, haciendo deducciones equivocadas basadas en la desconfianza total hacia todo tipo de autoridad y presumiendo que en la presidencia municipal protegerían a quienes ellos ya habían declarados culpables sin prueba alguna.

Los ministerios públicos, por lo menos en el estado de Puebla, y presumo que así será en otros lados, trabajan turnos de 24 horas por 24, están mal pagados y peor apoyados. Quizás es por eso que nadie ha investigado ni desde el gobierno del estado ni desde los municipios de la Sierra Negra la ola de robos de niños que la gente señala.

Es un rumor tan fuerte que merece una atención e investigación desde los más altos niveles del estado. Seguramente por eso, el presidente municipal no llevó a los detenidos al humilde ministerio público de Ajalpan. Lo único que hubiera sucedido ahí es que de manera más rápida hubieran sacado a Rey David y a José para matarlos.

La debilidad de los ministerios públicos y su ineficiencia  es responsabilidad, también, de los gobiernos de los estados, pero no parece ser prioridad en casi ningún lado, aun cuando debiera serlo más que ninguna otra cosa. Es la primera obligación del estado garantizar la vida de sus ciudadanos. Es obvio que en este caso no se logró.

La responsabilidad del municipio de Ajalpan también deberá de ser debidamente investigada y documentada, pero es innegable que a los deudos de las víctimas las autoridades poblanas les deben una reparación del daño generosa y una disculpa  pública de rodillas. 

Ayer leí una nota de Pablo Llano publicada en el periódico español El País, en la que menciona que entrevistó a los familiares de Rey David y José. El primero dejó una viuda y en la orfandad a unos gemelos de dos años, y José vivía con su madre y era su sustento.

Ninguna autoridad de Puebla se ha acercado a ellos después de haberles entregado los cadáveres calcinados de las víctimas. En el tono de la entrevista, uno percibe que hay inteligencia emocional en los deudos de Rey y José. Su hermano menor y su madre dialogan entre ellos y se repiten así mismos que la ignorancia, la falta de cultura y la desconfianza fueron el motor de los terribles hechos.

Ellos están siguiendo paso a paso su propio proceso de aceptación y reparación del daño moral que solo podrá mitigar un poco un difícil y largo proceso de perdón hacia todos los involucrados. Su otra tarea es ver cómo van a sobrevivir sin el apoyo económico de las víctimas.  Además de que la empresa deberá indemnizarlos, el Gobierno del Estado de Puebla , en su caso, el municipio de Ajalpan, ya se tardaron en acercarse a ellos y en darles una justa indemnización provocada por el mal manejo de la crisis y la ausencia de apoyo para rescatar a sus familiares con vida. 

¿Por qué será tan difícil para las  autoridades reconocer los errores y pedir perdón? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo actuar de manera compasiva y decente?

 

 

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7. 

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